Aprobada la Ley de Educación que potencia Lengua y Matemáticas y trata de frenar el fracaso escolar

Andalucía es la primera Comunidad que asume con una normativa propia la Ley estatal de Educación aprobada esta legislatura. El Parlamento sancionó ayer, con el único rechazo de los diputados del PP, la Ley de Educación de Andalucía, una norma que regula las materias no básicas que la nueva legislación estatal permite a las comunidades autónomas, y en la que se refuerzan materias como la Lengua, Matemáticas y los idiomas. La norma nace también con el objetivo de frenar el fracaso escolar, como expuso la consejera de Educación, Cándida Martínez.

En este último aspecto, la norma establece programas de refuerzo y apoyo en horario de tarde para los estudiantes que presenten retraso escolar, además de pruebas específicas durante los dos años siguientes a la finalización de la educación básica para quienes no hayan obtenido la titulación de graduado en Educación Secundaria.

Respecto a las asignaturas de Lengua Española, Matemáticas e idiomas, la ley les otorgará un carácter preferente en la regulación de los horarios lectivos de Primaria y Secundaria Obligatoria, la misma preferencia que recibirán las asignaturas de tecnologías de la información. Otra de las medidas que adquiere rango legal es la gratuidad de libros de texto en las enseñanzas obligatorias para todos los centros sostenidos con fondos públicos. La norma se extenderá el próximo curso a todo el alumnado de Educación Primaria y en el siguiente a la Secundaria Obligatoria.

Críticas del PP

Santiago Pérez, del PP, criticó la ley y pidió una inversión para la educación del 6% del PIB andaluz, frente al 4,8% actual, homologar los salarios de profesores con la media nacional, protegerlos de las agresiones o garantizar la calidad en las infraestructuras educativas y la equidad en programas como el bilingüismo.

Por otro lado, la Cámara también dio el visto bueno, con el respaldo del PSOE y el PA, y la abstención del PP e IU, a la Ley de la Ciencia y el Conocimiento, que establece las bases para impulsar la participación de la sociedad civil en los procesos de decisión y gestión del Sistema del Conocimiento.

Esta normativa unifica todas las estrategias de la Junta destinadas al fomento de la sociedad del conocimiento, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Como principal novedad, prevé la creación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, una entidad de derecho público que será la encargada de integrar y ejecutar todas las políticas de I+D+i de la Junta, según recordó el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo.