Más politización
La decisión de la defensa del lehendakari de solicitar las citaciones del presidente Rodríguez Zapatero y de José María Aznar en el juicio abierto en su contra por reunirse con la ilegalizada Batasuna responde al legítimo derecho a solicitar pruebas testificales que asiste a cualquier procesado. Corresponderá al tribunal resolver si la petición se ajusta a las previsiones legales o si cabe rechazarla por esconder finalidades extemporáneas o espurias. Pero la manera en que ha se ha producido el anuncio, nuevamente a través de una declaración conjunta del Gobierno vasco leída por su portavoz, invita a pensar que lo que se persigue va mucha más allá de la salvaguarda de los intereses jurídicos de Ibarretxe. La interpretación de la actuación del Tribunal Superior como «un juicio político por hacer política» vuelve a evidenciar la determinación del tripartito de trasladar a la opinión pública la falsa idea de que esta causa trata de incriminar la búsqueda de la paz por la vía dialogada o, incluso, el diálogo político en general. Una tesis que no sólo imputa gravemente a los jueces una supuesta renuncia a los principios de independencia e imparcialidad que han de regir sus resoluciones. Al acusar a los magistrados de inclinaciones políticas, es el propio lehendakari el que está restando potencialidad a las alegaciones de carácter estrictamente jurídico y adecuadamente fundamentadas que formulará su defensa.
Actualizado:Esta causa no dirime ni la legitimidad del diálogo político ni la búsqueda de la paz por la vía dialogada, sino sólo y exclusivamente si el lehendakari y, por extensión los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, vulneraron la ley por entrevistarse con un partido ilegalizado. De ahí que sea inadmisible que el Gobierno vasco se empecine en seguir cayendo, por razones de aprovechamiento electoral, en la contradicción de subir un peldaño más en la misma politización que reprocha a los jueces concernidos. Como resulta del todo irritante que la máxima autoridad de Euskadi continúe justificando su política bajo una pretendida cobertura ética y moral, por la cual el diálogo constituiría un bien supremo libre de cuestionamiento y conducente por sí mismo al logro de la paz, aun cuando éste suponga conceder rango de interlocutor institucional a una formación proscrita por su connivencia con ETA.