La bajada de impuestos
El candidato popular a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, consciente de estar seriamente rezagado en la carrera electoral y de que sólo un colosal esfuerzo de imaginación y voluntad le permitiría restañar el retraso que mantiene, ha lanzado a la arena de la polémica la más vistosa de las propuestas: una rebaja fiscal para los mileuristas, la ampliación del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta a 16.000 euros (actualmente, este mínimo es de 9.000 euros). Ello liberaría de pagar ese impuesto a unos siete millones de ciudadanos. En cualquier caso, el PP ha dado pocos detalles sobre la implementación de su propuesta; es de suponer que se irán conociendo con el paso de los días.
Actualizado: GuardarLógicamente, ante la inminencia de las elecciones, toda la izquierda ha salido en tromba a descalificar esta propuesta, y sólo Pedro Solbes ha planteado la objeción sensata: «En una situación de indefinición -ha dicho el vicepresidente en Barcelona-, es muy arriesgado anunciar la disminución de impuestos». Rajoy debía correr el riesgo, como finalmente ha hecho con sentido de la oportunidad.
En efecto, estamos en una situación de aterrizaje suave de la economía española, que deberá asimilar el enfriamiento de la construcción y del sector inmobiliario en general, así como las crecientes dificultades que el hundimiento del dólar crea al sector exterior. En definitiva, es previsible que durante el año próximo el crecimiento no supere significativamente el 3% en tanto la inflación se mantenga peligrosamente en torno al 4%. Así las cosas, una inyección de liquidez en forma de bajadas de impuestos podría relanzar la actividad, pero a costa de un inaceptable rebrote de los precios, a menos que fuese acompañada de medidas antiinflacionistas (el reforzamiento de los organismos reguladores, también propuesto por el PP, podría ir en esta dirección de estimular la competencia).
Es patente que esta reducción de ingresos podría dar al traste con el superávit público, que es obligatorio desde la conocida como ley Rato, matizada por los socialistas para adaptarla a los ciclos pero intacta en su filosofía. Fuentes populares aducen el efecto de la curva de Laffer -las bajadas de impuestos, que impulsan la actividad, terminan generando más recaudación-, pero hay que pensar que la coyuntura económica en que se llevaron a cabo las dos rebajas fiscales del PP (1999 y 2003) era muy distinta de la actual por las razones apuntadas. La posibilidad de una crisis no es nada desdeñable -ayer mismo la presagiaba con inquietante claridad Manuel Conthe en La Vanguardia- y, en todo caso, el efecto dinamizador de una rebaja fiscal a los mileuristas es mucho menor que si la beneficiada fuese la clase media, que es siempre la más perjudicada en las fases recesivas de la economía.
Es, en fin, muy saludable que, al contrario de la anacrónica disputa del pasado entre la derecha y la izquierda, entre capitalismo y colectivismo, los dos grandes partidos debatan ahora sobre cómo aportar más recursos a la economía productiva. Ya se sabe que la moderna socialdemocracia ha sustituido su propensión redistributiva por la defensa de unos servicios públicos universales y de calidad que aseguren la igualdad de oportunidades en el origen, en tanto los liberales de centro-derecha, más confiados en la mano invisible tratan de sustraer nuevas parcelas a la acción pública, seguros de que la iniciativa privada hará en ellas una asignación de recursos más eficiente... En este marco se juegan el poder las dos formaciones dominantes del panorama político, que tienen -aunque no lo parezca- convicciones e intereses muy parecidos en casi todos los demás ámbitos. No es difícil deducir de este planteamiento que el factor decisivo que previsiblemente atribuirá los resultados de marzo es, más que las ideas objetivas, la confianza subjetiva que uno y otro logre obtener de la ciudadanía.