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Sarkozy pide que se castigue los sabotajes en los trenes con la «máxima severidad»
A pocas horas de comenzar las negociaciones en las empresas, se suceden protestas contra la reforma de los regímenes especiales de pensiones
PARÍS Actualizado: GuardarVarios actos coordinados de sabotaje en las líneas de alta velocidad del ferrocarril (TGV) en Francia han suscitado hoy la condena del Gobierno y de los sindicatos, en la octava jornada de huelga en el transporte público. Los incidentes se producen en un día en el que se espera, gracias al inicio de negociaciones entre Gobierno, empresas y sindicatos, una inflexión de la protesta contra la reforma de los regímenes especiales de pensiones.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha pedido durante la celebración del Consejo de Ministros que los actos de sabotaje registrados hoy en la línea férrea de alta velocidad, sean castigados "con la máxima severidad", según ha declarado el secretario de Estado de Transportes, Dominique Bussereau, quien asegura que "son actos de extremismo y el presidente de la República ha pedido que sean sancionados con la máxima severidad".
El portavoz del Gobierno, Laurent Wauquiez, ha asegurado que "el Gobierno, la empresa y su personal no se dejarán intimidar por un puñado de extremistas. Las negociaciones se van a desarrollar y no se caerá en la trampa de la provocación". Asimismo, ha indicado que Sarkozy ha recordado que "hay líneas rojas que no se tienen que traspasar" y, en este sentido, ha pedido a la ministra de Justicia, Rachida Dati "abrir diligencias" rápidamente.
También la ministra del Interior, Michèle Alliot-Marie, ha dado instrucciones a los servicios de la Policía Judicial y a la Gendarmería para "detener a los autores de estos daños y que sean transferidos a la justicia".
Acusaciones contra los ferroviarios
A primera hora de la mañana el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF), Guillaume Pépy, denunciaba en RTL "actos coordinados de sabotaje", en concreto incendios en los tendidos eléctricos, que han acarreado importantes retrasos en la red ferroviaria de la alta velocidad.
Los secretarios generales de la CGT, Didier Le Reste, y de la confederación CGT, Bernard Thibault, respectivamente, han condenado estos actos "incalificables cometidos por cobardes". Sud Rail, segundo sindicato de la SNCF, ha pedido a la dirección de la empresa "un mínimo de prudencia en sus declaraciones", al considerar que de momento no hay "ninguna prueba" de que los actos de sabotaje sean obra de los ferroviarios.
Mientras, para la Federación Autónoma de Conductores (Fgaac), la "deontología sindical sufrirá mucho con este tipo de comportamientos indignos que no forman parte de la cultura de los ferroviarios", según indica en un comunicado.
Comienzo de las negociaciones
El sindicato Confederación General de Trabajadores (CGT), gran protagonista de la huelga en el transporte y clave en su eventual resolución, tampoco ha querido que hubiera dudas sobre su posición. Tanto su secretario general, Bernard Thibault, como el responsable de la CGT en la SNCF, Didier Le Reste, se han apresurado a reaccionar ante estos actos, que han considerado "inadmisibles" y cometidos por cobardes", además de "destinados a desacreditar" a los profesionales del ferrocarril
Los dos líderes del movimiento, que han subrayado el riesgo que esas destrucciones podrían haber tenido para la seguridad de los viajeros, se han interrogado sobre a quién benefician a unas horas de que se abran las negociaciones en la SNCF con las centrales, en presencia de representantes del Gobierno.
Esas conversaciones, que ya han empezado esta mañana en la entidad del transporte metropolitano de París, no deben durar más de un mes, según el marco fijado por el Ejecutivo, que ha insistido en que son innegociables los tres puntos esenciales de la reforma de los regímenes especiales de pensiones.
Se trata, sobre todo, del aumento del periodo de cotización que da derecho a una pensión completa en esos regímenes especiales (medio millón de asalariados) de los 37,5 años actuales a 40 años para equipararse a los regímenes de los funcionarios y de los trabajadores del sector público.