La Comisión Europea quiere recortar las subvenciones a los grandes terratenientes

Los grandes terratenientes van a tener más difícil acceder a subvenciones europeas. La Comisión Europea presentó ayer una nueva y, ya desde sus inicios, muy controvertida propuesta para introducir a finales de 2008 reformas sustanciales en la financiación de la PAC (Política Agrícola Común). Lo propuesto ayer por la Comisión supondría rebajar los fondos destinados a ayudas directas que van a los agricultores y destina el dinero ahorrado a medidas de desarrollo rural. Así, el Ejecutivo comunitario aprobó su proyecto para comenzar la revisión o 'chequeo médico' de la PAC, que debatirán los países durante este año y el próximo y que tiene como objetivo realizar «ajustes» a esa política, que recibe cerca de la mitad de los fondos de la UE y tiene una partida de 55.000 millones para 2007.

La comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel aclaró que este 'chequeo médico' no significa reducir el dinero para el capítulo agrícola ni para el campo, sino una redistribución. En concreto, la CE propone aumentar los recortes de ayudas, lo que se conoce como 'modulación' y que ya se está aplicando al 5% de las subvenciones. Bruselas pretende elevar ese porcentaje un 2% anual desde 2010, de manera que en 2013 las subvenciones decrecerían un 13%. Una de las ideas de la reforma que más difusión ha tenido es la intención de limitar las ayudas a los grandes propietarios o productores que perciben a partir de 100.000 euros al año. Para los que obtienen más de 100.000 euros anuales la rebaja sería del 10%; para los que reciben 200.000 del 25% y del 45% para los que se benefician de más de 300.000 euros.

Cascada de reacciones

Estas medidas no tardaron en suscitar una cascada de reacciones. Mientras la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, aseguraba que la propuesta de Bruselas de revisar la PAC puede suponer un aumento de fondos para los agricultores y ganaderos españoles, las asociaciones agrarias se ponían en pie de guerra. La UPA reclamó al Gobierno que se oponga frontalmente a la propuesta de reforma porque tendrá un impacto «muy negativo» en el campo español.