El Consistorio pide ayuda a la Junta para acabar con las viviendas ilegales

Chipiona vive un convulso ambiente social. A los juzgados de la localidad han llegado 300 expedientes de viviendas ilegales y sus propietarios se han echado a la calle a pedir justicia e impedir derribos. Ante este panorama, su alcalde, el socialista Manuel García, se mantiene firme. «Desde el Ayuntamiento estamos denunciando lo que ocurre, tal y como están haciendo los Consistorios de otros municipios, porque es nuestra obligación por ley», manifestó el regidor chipionero en declaraciones a LA VOZ.

Una situación que, según confiesa el propio primer edil, «nos está desbordando por lo que hemos pedido ayuda a la Junta». De hecho, García ha remitido una carta al delegado provincial de Obras Públicas, Pablo Lorenzo. Según el primer edil, la respuesta del delegado no se ha hecho esperar. «Desde la Junta son muy sensibles a este tema y nos han mostrado su total apoyo, instándonos a que hagamos las revisiónes oportunas al Plan General tanto en el ámbito de las viviendas como en el del suelo industrial para evitar este tipo de situaciones en el futuro» agregó García.

Y es que la situación de Chipiona en cuanto a la urbanización de viviendas en terrenos rústicos es particular. «Se nos suele comparar con casos como los de El Puerto, Chiclana o Sanlúcar pero en Chipiona hay menos viviendas ilegales», aclara el alcalde quien matiza que las anteriores localidades «la cifra de construcciones en terreno rústico multiplica por tres a las existentes en Chipiona».

La diferencia de la localidad chipionera estriba en que el pueblo ha sufrido durante más de 20 años de la inexistencia de un Plan General de Ordenación Urbana, por lo que han sido los vecinos los que han ido planificando urbanísticamente sus zonas. «Desde el Ayuntamiento entendemos perfectamente lo que ha ocurrido pero hacemos un llamamiento a los chipioneros para que dejen de construir de esta manera ilegal», matizó García.

Aún así, el alcalde quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a las más de 700 familias afectadas por estas denuncias municipales de ilegalidad. «Estoy declarando ante el juez para interceder por los afectados por la situación y, al mismo tiempo, desde el Ayuntamiento nos comprometemos a ofrecerles toda la asistencia técnica necesaria, por supuesto dentro de la legalidad», concluyó el primer edil.

Por qué ahora

Pese al talante conciliador que muestra el alcalde chipionero ante la situación, numerosas voces disidentes culpan al primer edil de no haber intervenido antes para controlar la situación.

«Este es su segundo mandato como alcalde, y también ha estado varios años como concejal y está empezando a actuar ahora porque la problemática de las viviendas ilegales le ha estallado en las manos», criticó Rafael Naval, portavoz del Partido Popular en la localidad. «No puede echarle las culpas al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) porque desde el 2005 ya existía éste en Chipiona y Manuel García lleva tres años siendo muy permisivo con las construcciones en suelo rústico», denuncia Naval quien agrega que era «el propio García quien en incitaba a los residentes a construir en zonas ilegales poniéndoles la luz y el agua y diciéndoles que sólo tendrían que abonar una mínima multa por ello».

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