De Molina pide ante la UE crear una «lista roja» de empresas como Odyssey

El ministro de Cultura, César Antonio Molina, pidió ayer a sus homólogos de los 27 que la Unión Europea cree una «lista roja» que dificulte el comercio ilícito de bienes procedentes del patrimonio subacuático y que impida que se repitan casos como el de la empresa estadounidense Odyssey, a la que el Gobierno acusa de saquear galeones españoles. Al término de la reunión del consejo de Cultura de la UE, Molina aseguró que su propuesta de que la UE tome nuevas medidas para proteger el patrimonio subacuático comunitario fue respaldada por Portugal, Italia, Francia, Grecia, Malta, Polonia, Rumanía y Reino Unido, que sin embargo fue el país «más tibio». También el comisario de Cultura, Jan Figel, se mostró favorable a la iniciativa.

El ministro recalcó ante sus colegas que «el patrimonio subacuático supone una riqueza de enorme valor para la preservación de nuestra memoria histórica común». «No es sólo un tema de España sino de toda la comunidad», señaló. También alertó al resto de ministros «del peligro que representan para ese patrimonio subacuático común empresas como Odyssey , dotadas de los más modernos medios tecnológicos».

El «vacío jurídico»

Por estos motivos, Molina pidió que los Estados miembros y la Comisión inicien una «reflexión en profundidad» para «colmar cuanto antes el actual vacío jurídico» sobre esta cuestión. A su juicio, la primera medida concreta debería consistir en establecer, en coordinación con el Consejo Internacional de los Museos, una «lista roja» con el objetivo de «dificultar el comercio ilícito de bienes procedentes del patrimonio subacuático». España pedirá además la inclusión de la protección del patrimonio subacuático como uno de los objetivos de la futura política marítima de la Unión Europea que se está poniendo en marcha. Estas medidas servirán, según el ministro, para complementar la puesta en marcha del plan del patrimonio subacuático que está preparando el Ministerio de Cultura, y que convertirá el museo y centro nacional de arqueología subacuática de Cartagena en la institución encargada de la «protección y vigilancia» de este patrimonio. «Nos enfrentamos a empresas muy desarrolladas tecnológicamente que han visto que pueden comerciar obteniendo de manera ilícita estos bienes patrimoniales», concluye. La empresa norteamericana Odyssey ha pedido ante el tribunal de Tampa (Estados Unidos) una indemnización de 5 millones de euros por los daños y perjuicios causados por la orden de busca y captura contra sus buques dictada por la jueza de La Línea de la Concepción, según señaló ayer el ministro de Cultura, César Antonio Molina, quien dejó claro que el Gobierno «rechaza abiertamente dicha petición» porque a su juicio «entra en abierta contradicción con los principios generales del derecho, según los cuales, una autoridad judicial extranjera, como es el juez de Tampa, no puede juzgar ni entrar a valorar las resoluciones adoptadas por los tribunales de otro estado soberano en el legítimo ejercicio de sus competencias jurisdiccionales». «Odyssey solicita ahora al juez una indemnización por un valor de de 5 millones de euros por los daños y perjuicios que le habría causado la orden judicial dictada por la jueza de La Línea, de búsqueda y captura contra sus buques», explicó Molina.