Crisis institucional

Más allá del aspecto formal de la retirada de Marín, quien al parecer piensa involucrarse en las organizaciones de Al Gore sobre el cambio climático, resulta interesante un aspecto de sus declaraciones de despedida: aquél en que, en tono reprobatorio, el todavía presidente de las Cortes critica que no se haya sabido separar el debate político del debate institucional, y que, en definitiva, prácticamente todas las instituciones del Estado estén saliendo perjudicadas de la crudeza sin precedentes de la actual confrontación entre partidos.

Con toda evidencia, Marín se ha referido preferentemente a las cámaras parlamentarias, y más expresamente al Congreso, cuyo reglamento, que ya ha cumplido veinticinco años, ha sido imposible reformar durante esta legislatura a pesar de las buenas intenciones iniciales de todos los partidos y de que el propio presidente intentara por seis veces concertar la reforma, con la que había de lograrse un aggiornamento muy necesario para que se produzca una aproximación real de la asamblea democrática a la sociedad real. También ha debido estar en la mente de Marín la imposibilidad de acometer reforma constitucional alguna como la de la línea sucesoria de la Corona, ha adquirido cierta urgencia por razones bien conocidas.

Pero el ámbito probablemente más asolado por la irreductible enemistad entre el Gobierno y la oposición ha sido el judicial, que, aunque teóricamente independiente, está estrechamente vinculado al poder legislativo a través de la designación parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial y de los miembros del Tribunal Constitucional. Como es bien conocido, hace ya más de un año que ha expirado el mandato del Consejo General; y todo indica que no habrá consenso para renovar el Tribunal Constitucional cuando proceda sustituir a magistrados de designación senatorial a final de año. A esta obstrucción culposa se añade el intento descarado de manipular desde la política las decisiones del Constitucional por el inaceptable procedimiento de recusar magistrados con fútiles pretextos, lo que ha ocasionado una turbulencia escandalosa e inaceptable. Muchos pensamos que los jueces y magistrados implicados en este desaguisado no son inocentes porque los políticos hubieran tenido que plegarse a una potente llamada al orden de estos profesionales jurídicos que han hecho mal asimismo al aceptar asimilarse a los partidos políticos que los han propuesto en cada caso, pero es manifiesto que la principal responsabilidad por el destrozo institucional corresponde a los políticos.

Marín ha propuesto distinguir y separar el debate político de los procesos institucionales. Evidentemente, éste es el camino. Pero para ello sería necesario que los responsables de aquél tuvieran altura de miras suficiente para reconocerse a sí mismos y a los adversarios capaces de trascender del interés concreto y directo para que prevalezca el interés público y general, el interés del Estado. Estamos muy lejos de semejante umbral, y en la actual mediocridad tienen campo abonado los marrulleros de todos los pelajes que se benefician de la cizaña que esparcen.

La presidenta del Tribunal Constitucional, que ha hecho declaraciones a la prensa para protestar contra los «intentos intolerables de desestabilizar» el TC, ha hecho ver que «el destino del Constitucional es el destino de la Constitución». Podría amplificarse el aserto y convertirse en otro más grave: el destino de las instituciones es el del Estado. Parafraseando a León Felipe, no habría que jugar con él como quien juega al escondite.