Condena por malversación
La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid por la que condena a quien fuera Secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera y a su más directo colaborador Juan de Justo como autores de un delito continuado de malversación de fondos públicos está llamada a cerrar judicialmente uno de los capítulos más deplorables que el ejercicio del poder ha dejado en los años de democracia. El hecho judicialmente probado de que ambos utilizaran 230 millones de pesetas entre los años 1988 y 1994 para gratificar a dos policías -Amedo y Domínguez- en prisión por actividades relacionadas con los GAL apunta a la existencia de una trama de complicidades que acabó afectando al normal funcionamiento del Estado de Derecho.
Actualizado: GuardarPero la gran lección que nos muestra el caso va más allá de la peripecia de sus protagonistas y del daño concreto que pudieron infligir. Nos habla de cómo también desde el poder político legítimo pueden llegar a justificarse los métodos más perversos a cuenta de la finalidad más noble. De cómo cuando el ejercicio del poder deriva en prepotencia, la práctica del delito institucionalizado puede corromper las conciencias más comprometidas. Y nos habla de la incapacidad que experimentan condenados notables para aceptar que habían actuado fuera de la Ley y con pleno conocimiento de que su conducta era delictiva. Ocurrió bajo la presidencia de Felipe González, y condujo al PSOE a la oposición. Pero la impúdica apropiación de fondos reservados no es sólo un episodio saldado políticamente y judicialmente resuelto, aunque los dos condenados podrían recurrir al Tribunal Supremo. Forma ya parte de una memoria preventiva que obliga a los representantes públicos y a la ciudadanía en general a velar para que no vuelva a producirse, ni siquiera a menor escala, un abuso tan flagrante desde un poder democráticamente logrado.
