El ex edil de Urbanismo legalizó cerca de cien viviendas por decreto municipal

El número de viviendas que el anterior edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, legalizó a través de decretos municipales no se cuentan por decenas ni por docenas, sino por cerca de un centenar. El máximo responsable del Área urbanística legalizó alrededor de cien inmuebles de forma directa escudándose en informes técnicos a favor que, según Rodríguez, «los funcionarios amparaban».

En este sentido, Juan Carlos Rodríguez ha admitido que «no conozco el número de decretos que he firmado». «Qué más da que sean 70 que 100, yo me limitaba a firmar», subrayó Rodríguez.

Por sorprendente que pueda parecer, el anterior edil de Urbanismo ha manifestado que «no conocía el contenido de los decretos que estaba firmando. Si tuviera que saber todo lo que firmaba, el Área de Urbanismo estaría totalmente paralizada».

Por todo ello, el ex edil ha subrayado que «me limitaba a rubricar los decretos que tuvieran algún tipo de informe técnico a favor».

Según afirma el ex concejal, cualquier casa ilegal que tenga más de cuatro años de antigüedad, fecha en la que prescribe el delito, «puede instar a que se legalice su situación». Por tanto, si los técnicos «lo consideraban conveniente y no existía ningún informe en contra, el inmueble se regularizaba».

Sin embargo, según fuentes consultadas por este periódico, esta práctica es a todas luces irregular, ya que no cumple con la normativa de aplicación. Es decir, no se puede legalizar una vivienda que se encuentre en suelo no urbanizable.

A través del Plan Urbano

La única forma de legalizar una vivienda construida sobre suelo no urbanizable es que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana recalifique estos terrenos. Caso que no se ha dado, ya que el Plan General de la localidad permanece estancado.

De todos modos, se trata de una verdadera patata caliente para el nuevo Gobierno del Partido Popular. De hecho, la actual concejal de Urbanismo, Patricia Ybarra, ha manifestado que «aunque la concesión de licencia sea ilegal, permite al propietario que la recibe reclamar una indemnización si se revoca».

Por todo ello, el Ayuntamiento tendrá que estudiar «si compensa revocar la licencia, volver a darla cuando se apruebe el Plan General, y además tener que pagar indemnizaciones», ha subrayado Patricia Ybarra.

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