Corrupción pública
El arresto ayer por la Guardia Civil de 16 personas, en su mayoría funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, por presunta corrupción ha destapado la existencia de una organización delictiva «estable» que se estaría enriqueciendo con la tramitación ilegal de licencias de actividad. Las pesquisas iniciadas antes de verano apuntan a que los detenidos, entre los que también figuran abogados y arquitectos, cobraban comisiones de 20.000 euros por agilizar los permisos. Corresponde ahora a la acción de la Justicia determinar el número de acusados y el alcance de los cargos que se les imputan.
Actualizado: GuardarPero resultaría un error minusvalorar la relevancia de la trama porque ésta realizara prácticas ilícitas a escala más doméstica y reducida que las instruidas en algunos de los grandes sumarios por corrupción incoados en España en los últimos años.
La compra delictiva de favores constituye uno de los principales mecanismos de envilecimiento de la sociedad, porque siempre implica el pernicioso encuentro entre la determinación de corromper, la disposición voluntaria o forzada a ser corrompido y, en ocasiones, la mediación para vulnerar las reglas establecidas.
Pero cuando estas prácticas ilegales se consuman gracias a la imprescindible intervención de servidores públicos, más o menos punible en función de su categoría profesional, se produce un envilecimiento de los principios democráticos que ha de suscitar un rechazo político y social sin paliativos. La rapidez con la que los responsables del Ayuntamiento de Madrid se han congratulado de la ausencia entre los investigados de concejales, altos cargos o personal de libre designación no exime al Consistorio de revisar críticamente su actuación en el debido control de legalidad y de supervisión que exige toda labor municipal.
Es lo que cabe requerir de la promesa del alcalde madrileño Alberto Ruiz-Gallardón de que combatirá con «rigor absoluto» las actuaciones fraudulentas. Las imputaciones contra los funcionarios detenidos no pueden empañar la probidad del resto de los 20.000 empleados municipales. Pero sí advierten de la necesidad de intensificar la sensibilización y el compromiso ciudadano contra los destructivos efectos este tipo de práctica delictiva, como la mejor garantía para poder romper en algún punto la nociva cadena que sigue enlazando a corruptores y corruptos.
