Viajar al extranjero desde Inglaterra, una pesadilla burocrática

Tomar un avión o incluso un tren en el Reino Unido para irse simplemente de vacaciones amenaza con convertirse en una auténtica pesadilla burocrática para el viajero, que tendrá que responder a una batería de preguntas antes de que se le permita salir del país.

Por cada viaje que emprenda una persona, los funcionarios encargados de la seguridad inquirirán detalles de la tarjeta de crédito, el nombre de la persona que hizo la reserva, su dirección de internet, los planes de viaje, incluidos posibles cambios efectuados, los números de contacto en el lugar de destino y así hasta cincuenta y tres preguntas.

Quien no las conteste satisfactoriamente podrá encontrarse con que, a pesar de haber abonado religiosamente su billete y estar en posesión del pasaporte o el visado, no se le deja tomar el avión.

La prensa conservadora británica, la más crítica con esas nuevas medidas destinadas a combatir el terrorismo, habla de "Inquisición en los aeropuertos" (Daily Mail) o "Fortaleza Gran Bretaña" (The Daily Telegraph).

Si la proliferación de cámaras de seguridad en calles y edificios del Reino Unido permiten hablar de un universo orwelliano, esas nuevas medidas, que forman parte del paquete anunciado el miércoles por el primer ministro, Gordon Brown, ante el Parlamento, representan una vuelta de tuerca más.

A partir del 2009

La información obtenida por las autoridades cada vez que uno compra un billete estará a disposición de la policía, los funcionarios de aduana, los servicios de inmigración y los de seguridad durante un mínimo de veinticuatro horas antes de que la persona en cuestión emprenda el viaje.

Según el Daily Mail, quienes tengan pendiente el pago de alguna multa, por ejemplo, por exceso de velocidad, podrían verse impedidos de realizar el viaje aunque no representen ningún riesgo terrorista. Todo ello puede resultar en molestias adicionales para el viajero en forma de registros de equipajes y cacheos de personas no sólo, como hasta ahora, en los aeropuertos, sino también en las principales estaciones ferroviarias.

Recoger toda esa información puede suponer para las agencias de viaje un costo adicional de cerca de 30 millones de euros, que naturalmente éstas cargarán a los pasajeros, y con toda probabilidad el Gobierno también aplicará sus propios gravámenes para recuperar parte de los costos del nuevo sistema, que pueden superar los 1.700 millones de euros en diez años.

Ése comenzará a aplicarse en serio a partir de mediados del 2009 y para el 2014 se guardarán los detalles de cada uno de los varios cientos de millones de viajes tanto de salida como de entrada en el país.

El sistema no se limitará a los viajes por avión sino que se ampliará a todos los desplazamientos al extranjero cualquiera que sea el tipo de transporte utilizado.