El Constitucional no logra un acuerdo sobre la recusación de cinco magistrados

El Tribunal Constitucional continuará hoy el debate sobre la recusación de cinco de sus magistrados tras dedicar ayer cuatro horas a la discusión sin llegar a acuerdo oficial alguno. Gobierno y PP no quieren que los recusados intervengan en el estudio del recurso presentado por los populares contra la ley que prorroga de forma automática el mandato de la presidenta, María Emilia Casas, hasta que se produzca la renovación del órgano, cosa que no parece posible que ocurra hasta después de las elecciones generales.

Los diez magistrados que por el momento componen el pleno del tribunal en este asunto tratan de llegar a alguna solución que les saque de la profunda crisis actual, provocada por la guerra partidista, que amenaza con colapsar los trabajos de la institución.

El presidente en funciones, el conservador Vicente Conde, ha tenido que tomar una decisión jurídicamente arriesgada, que contradice la costumbre del tribunal, para salir del actual punto muerto. Los cinco juristas recusados participaron ayer en el pleno que debe decidir si acepta a trámite las objeciones, ya que de lo contrario el órgano no podría reunirse, porque el quórum mínimo es de ocho magistrados. A esta difícil situación se ha llegado después de que la presidenta y el vicepresidente del tribunal, Guillermo Jiménez, se abstuviesen de participar en la discusión del recurso contra la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, por considerar que les concernía directamente.

«Contaminados»

El Ejecutivo contestó con la recusación de dos de los magistrados conservadores, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, por considerar que están «contaminados» para opinar sobre el recurso, ya que en junio pasado rechazaron la ley de forma explícita en una carta conjunta que exigía la dimisión de la presidenta. El PP, ante el peligro de que la sala quedase en manos de los progresistas, utilizó una información de prensa, desmentida por los seis magistrados concernidos, incluidos dos conservadores, y recusó a los magistrados progresistas Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala.

El fondo de todos estos movimientos, que han terminado con la tradicional independencia del Constitucional, es el control partidista de la institución, que debe decidir sobre leyes como el Estatuto Catalán, el matrimonio homosexual o la ley de igualdad.