Aprobada por unanimidad la Ley de Protección y Calidad de los Vinos, que rige el futuro de los caldos andaluces

El Pleno del Parlamento andaluz aprobó hoy por unanimidad la Ley de Protección y Calidad de los Vinos de Andalucía, que rige el futuro del sector vinícola, que aporta el 3,5% a la Producción Final Agraria andaluza, y que persigue consolidar el prestigio de los vinos tradicionales, al tiempo, que favorecer la aparición de proyectos vitivinícolas innovadores, con prácticas vitícolas modernas, adaptados a las modas actuales en el consumo de vino.

El sector del vino en Andalucía está representado por más de 37.000 hectáreas de viñedo cultivadas y 55 cooperativas implantadas en territorio andaluz, que cuentan con 9.975 socios. La producción de uva y la elaboración de mosto y vino en estas cooperativas aportan 95,5 millones de euros, el 1% del total de la Producción de la Rama Agraria. En total se registran en Andalucía 604 industrias enológicas, de alcoholes y bebidas alcohólicas, donde trabajan 4.798 personas y su facturación asciende a 1.146 millones.

El objetivo de la Ley es regular un sector que engloba a unas 37.000 hectáreas, de las que más del 50% se encuentra bajo Denominación de Origen, algunas de ellas históricas (como Jerez o Málaga) y controladas por sus correspondientes consejos reguladores, lo que supone el 3% del viñedo español.

Tras el debate parlamentario, el titular de Agricultura y Pesca, Isaías Pérez Saldaña, destacó el interés de esta normativa por delimitar los distintos niveles de calidad de los caldos y su protección, así como la regulación de los órganos de gestión y control.

La Ley de Protección del Origen y Calidad de los Vinos andaluces establece distintos niveles de protección según se trate de vinos de mesa y de calidad. Los primeros pueden ser de dos tipos: de mesa y de la tierra. Los caldos de calidad contarán con cuatro posibles figuras: 'vinos con indicación geográfica, vinos con denominación de origen, vinos con denominación de origen calificada y vinos de pago'.

Respecto a la legislación estatal vigente, la ley andaluza incorpora varias novedades. En primer lugar, los Consejos Reguladores de los vinos con Denominación de Origen y Denominación de Origen Calificada, hasta ahora órganos adscritos a la Consejería de Agricultura y Pesca, pasan a ser considerados corporaciones de derecho público con personalidad jurídica. Por su parte, los órganos de gestión de los otros vinos mantienen una naturaleza privada.

En cuanto a los sistemas de control, la nueva norma obliga a todos los órganos de vigilancia de la calidad de los vinos a acreditarse ante una entidad de acreditación, además de exigir la preceptiva autorización por parte la Consejería de Agricultura y Pesca. En el caso de recurrir a laboratorios para medir las características diferenciales de los vinos, tanto físico-químicas como organolépticas, éstos deberán estar autorizados por la Consejería de Agricultura y Pesca.

Más del 50% del viñedo andaluz se encuadra en alguna de las seis denominaciones de origen, controladas por los reguladores: Montilla-Moriles, Jerez-Xerès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, Condado de Huelva, Málaga y Sierras de Málaga. Además, el 16% de la producción andaluza son Vinos de la Tierra y más de 50.000 hectolitros de estos caldos son tintos.

Otras zonas que elaboran especialidades de calidad son las de Bailén, Cádiz, Contraviesa-Alpujarra, Láujar-Alpujarra y Norte de Granada. Aunque hay viñedos en todas las provincias, las de mayor presencia son Cádiz (10.769 hectáreas), Córdoba (8.982), Huelva (6.540), Granada (5.000) y Málaga (2.658).

De esta forma, Pérez Saldaña, destacó que se trata de un proyecto "orientado al futuro" y que servirá al sector vinícola andaluz "como instrumento para afrontar los retos planteados". Atendiendo a las cifras, el consejero resaltó la "importancia" económica de esta actividad productiva y de los beneficios que ofrece a la sociedad, como la generación de empleo, directo e indirecto, la permanencia de la población en el medio rural --en particular, en zonas de sierra-- y su contribución al programa de lucha contra el cambio climático, puesto en marcha por nuestro Gobierno.

Por su parte, el diputado del PP-A Miguel Angel Araúz se mostró conforme con los objetivos marcados en la Ley, ya que son tres objetivos básicos que están muy bien delimitados y además, responden a las peticiones del sector. Así, resaltó el "alto grado de consenso" alcanzado. Araúz calificó de "fundamental" no permitir flexibilidad en lo referente a las denominaciones de origen de los vinos

Mientras, el diputado de IULV-CA José Cabrero se mostró partidario de la Ley, pero advirtió de la necesidad de que la Administración responda a las solicitudes".