Visto para sentencia el primer juicio celebrado perteneciente a la 'Operación Estela'

La juez del juzgado número cinco de lo Penal de Cádiz dejó hoy visto para sentencia el primer juicio que se ha celebrado de la 'Operación Estela', contra un acusado sorprendido en la zona de Puerto Sherry, en El Puerto, después de que Vigilancia Aduanera abortara un alijo de 1.200 kilos de hachís.

En la vista celebrada hoy se juzgó a J.J.V.R. tras ser sorprendido después de que supuestamente huyera del lugar sonde se estaba realizando el alijo al ser descubiertos por funcionarios de Vigilancia Aduanera.

Esta detención se llevó a cabo el 19 de septiembre de 2002 y la declaración del detenido fue la que supuestamente sirvió para que el juez instructor, Miguel Angel López Marchena, comenzara una instrucción que derivó en la conocida como 'Operación Estela', con la detención en diferentes puntos de la provincia de 40 personas y la incautación de más de 6.000 kilos de hachís.

La operación provocó un enfrentamiento entre el juez instructor y el entonces fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz, Isidoro Hidalgo, que no consideró que existiera una red organizada entre los detenidos, terminado con la puesta en libertad de 30 de ellos, con la intervención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como con la separación en piezas de las diferentes intervenciones en vez de todas juntas en un 'macroproceso'.

Así las cosas, más de cinco años después J.J.V.R., tras pasar seis meses en prisión preventiva por este presunto delito, se sentó en el banquillo de los acusados para enfrentarse a una petición de pena por parte de la Fiscalía de tres años y nueve meses (tras bajar su petición inicial de cuatro años y cinco mese).

Asimismo, la acusación particular estaba representada por el Ayuntamiento de Barbate, que realizó la misma petición que la Fiscalía; la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que pidió cuatro años y medio de prisión y la Federación Provincial Antidroga 'Redein', que solicitó cinco años de prisión al aplicar el atenuante de pertenencia a organización.

Por su parte, la defensa del acusado pidió que se tuviera en cuenta que el presunto delito contra la salud pública fue en grado de tentativa, al no consumarse, así como dos atenuantes para rebajar la posible pena, basados en la colaboración con la justicia y en la dilación indebida del proceso. Algo con lo que la acusación particular y la Fiscalía no estaban de acuerdo al entender que la dilación era justificada y considerar que no colaboró con la justicia porque no aportó ningún dato tales como nombres de los que estaban con él en la operación en la que fue detenido o la matrícula de otro coche que logró huir.

Durante su declaración, tras comenzar con un testimonio contradictorio en el que manifestó no saber a lo que iba, no tener nada que ver con el tráfico de droga o no concretar el punto donde supuestamente tenía que dejar la furgoneta en la que fue detenido, terminó ratificando lo que declaró tras su detención ante la Policía y ante el juez instructor.