Las instituciones, por los suelos
Que el Consejo del Poder Judicial haya batido con creces el récord de permanencia ilegítima en sus funciones por no haberse renovado en tiempo y forma es un escándalo que a nadie debería dejar indiferente, porque sin una justicia independiente de los avatares del Ejecutivo mal funcionará siempre la democracia. Más inquietante me parece aún el hecho de que el próximo miércoles se vaya a reunir un pleno del Tribunal Constitucional en el que cinco magistrados recusados, tres por el PP y dos por el PSOE, van a dilucidar acerca de sus propias recusaciones. Y, encima, el presidente en funciones del alto organismo, Vicente Conde, reconoce que esta insólita convocatoria de un pleno del tribunal tras el cual no hay apelación, que tiene en sus manos nada menos que la posibilidad de hacer ganar o perder las elecciones al actual Gobierno y/o a la actual oposición, es mala, pero la menos mala de las hipótesis que pueden barajarse. Un lío mayúsculo en el que Zapatero y Rajoy acaso se jueguen, esta misma semana, La Moncloa.
Actualizado: GuardarEllo supondría el grave precedente, según hizo constar Vicente Conde en su escrito pidiendo para este miércoles un pleno con todos los magistrados, incluidos los recusados, de que las partes de un proceso -el Gobierno, por un lado, y el PP por otro, en este caso puedan bloquear el funcionamiento del alto tribunal cuestionando, mediante recusaciones, la imparcialidad de los magistrados. Es decir, el más alto organismo decisorio de la justicia española, tras el cual no cabe apelación, podría quedar convertido en una institución inoperante si los interesados aprenden a manejar con habilidad el sistema de recusaciones de los magistrados: bastaría una denuncia periodística contra la actitud de cualquier magistrado para poner en marcha este sistema.
Quién sabe lo que pueda pasar en este pleno entre unos magistrados de «uno y otro bando» (no queda más remedio, a estas alturas, que llamar a las cosas por su nombre: hemos llegado a un unto en el que la imparcialidad ya no se supone), que han llegado hace tiempo al enfrentamiento personal y al insulto, creando un clima bien poco propicio a la justicia y a la equidad. Puede que estos magistrados se desliguen de los mandatos de los partidos que los nombraron y decidan resolver lo que en derecho y de acuerdo con el sentido común proceda. Aunque lo más probable es que cada cual se mantenga en sus posiciones, dejando al tribunal sin la menor posibilidad de resolver cuestiones en los próximos meses. Ello sería la salvación del Gobierno socialista y un mal dato para la oposición del PP.
