Protestas en Chipiona por las sentencias que obligan a tirar una docena de casas ilegales

Mientras en Chipiona ya hay sentencias firmes de demolición de viviendas, las instalaciones de Las Beatillas, en El Puerto, y de la casa club de Montenmedio, entre Barbate y Vejer, aguardan la confirmación de los recursos interpuestos al Tribunal Supremo para paralizar su demolición. En el caso de Las Beatillas, el TSJA ordenó su derribo en 2005 por haber sido construido el complejo en la Sierra de San Cristóbal. Sin embargo, un recurso mantiene, de momento, paralizada la orden. Por lo que respecta a Montenmedio, la sentencia del TSJA tampoco se ha llevado a cabo, pese a que la Junta mostró su satisfacción por el fallo judicial después de casi diez años de litigio. Un recurso también ha frenado temporalmente el derribo de una parte de este complejo turístico. Primero llegó la denuncia, luego una multa millonaria del Ayuntamiento de Chipiona y ahora acaba de hacerse firme la sentencia que le obliga a tirar su casa. No han servido de nada las promesas del alcalde de la localidad ni las buenas maneras que derrocharon los abogados durante el juicio por un delito urbanístico. José Antonio Galán tiene 31 años y vive con su mujer y su hija en una vivienda levantada en suelo rústico en el extrarradio de Chipiona. Lleva meses sin pegar ojo. No es para menos. Teme que una mañana aparezca por la ventana una pala excavadora y le eche la casa abajo. Es la otra cara de la construcción ilegal en la provincia. Quizás, la cara más amarga y más dura.

El calvario de José Antonio Galán y su familia empezó en 2004 cuando decidió cerrar su negocio en el centro de Chipiona y trasladarse a las afueras a emprender una nueva vida. Aprovechó entonces la herencia de su padre: una finca de 1.000 metros cuadrados en el Camino Hijuela del Toruno. «La falta de suelo en el pueblo me llevó a construir fuera del casco urbano». En el terreno levantó una nave para poner en marcha un taller de cerrajería y en el mismo lugar, la vivienda, justo a tiro de piedra del lugar donde cada verano se celebra la romería. La obra duró diez meses. José Antonio sabía que el suelo de la herencia de su padre no reunía las condiciones urbanísticas para edificar, «pero la necesidad aprieta» y se embarcó en varios préstamos para pagar los ladrillos y el nuevo negocio. La anterior alcaldesa de la localidad, la socialista Dolores Reyes fue quien autorizó los permisos municipales para que en La Hijuela hubiera luz y agua. Sin embargo, las multas no llegaron hasta un año después de la construcción. El Ayuntamiento le giró una sanción por la vivienda y otra por la nave que sumaban casi 30.000 euros, que subió a 36.000 cuando el expediente entró en la vía ejecutiva.

El nuevo alcalde de Chipiona, el socialista Manuel García, había tranquilizado a José Antonio y le buscó incluso una fórmula para pagar a plazos la sanción urbanística. Dicho y hecho. Pero la tranquilidad inicial se volvió en incertidumbre cuando en enero de 2006 el expediente se envió al juzgado por orden municipal. Es la justicia la que tomó entonces las riendas del asunto. La Fiscalía hizoe una primera acusación exigiendo el derribo de la vivienda.

La situación de José Antonio Galán no es única. En Chipiona han llegado a los juzgados unos 300 expedientes por construcción ilegal, de los que 18 tienen ya una sentencia. La justicia obliga a demoler. Las viviendas clandestinas sobre suelo rústico se esparcen por La Hijuela, La Jara, Valdeconejos y el Caminos de Jerez. Tantas que se ha constituido una plataforma en defensa de los intereses de los afectados. La próxima semana se celebran nueve juicios en Cádiz por este asunto.

La situación tampoco es patrimonio exclusivo de Chipiona. Al contrario. Chiclana cuenta con 15.000 viviendas ilegales, El Puerto suma unas 5.000 y Sanlúcar tiene alrededor de 3.000. La asunción de competencias exclusivas de la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial ha dado un giro a esta práctica de construir sin permiso y contribuir al desorden urbanístico. El escándalo de las certificaciones falsas de obra nueva localizado en Chiclana y El Puerto, amén de las serias advertencias de la justicia a los ayuntamientos -primera administración que debe velar por el orden urbanístico- han cambiado las reglas del juego. La mano dura se ha impuesto en este sentido.

José Antonio Galán acudió el pasado 20 de marzo a un juicio en el juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz. La petición de prisión por parte de la Fiscalía de uno a tres años pesó demasiado como para seguir regateando en la burocracia. Asumió su culpa y su error. En abril de este año el juez dictó sentencia y lo condenó a nueve meses de prisión, a pagar una multa de 9 euros diarios durante doce meses, dos años de inhabilitación como promotor y lo más duro: a demoler su vivienda. La sentencia es firme y no cabe recurso. Una docena de afectados de la zona también han sido enjuiciados por esta misma causa, pero no aceptaron firmar el derribo. Les queda el último cartucho que es el recurso.

La plataforma anuncia movilizaciones mientras que la justicia apremia al Ayuntamiento para que proceda sin más demora de tiempo a la demolición de la vivienda.

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