Es noticia:
ABCABC de SevillaLa Voz de CádizCádiz
ESPAÑA

El Constitucional prohíbe negar derechos a los inmigrantes irregulares

El tribunal anula cinco artículos de la vigente Ley de Extranjería al estimar parcialmente un recurso del Parlamento de Navarra

M. SÁIZ-PARDO
Actualizado:

El Tribunal Constitucional ha prohibido a la Administración pública discriminar entre inmigrantes con o sin documentación en regla a la hora de reconocerles los derechos recogidos en la Carta Magna. La corte, en una sentencia cuyo fallo se conoció ayer, anula de manera parcial cinco de los artículos más polémicos de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, más conocida como Ley de Extranjería, por entender que es ilegal limitar derechos fundamentales a los extranjeros por su condición de irregulares.

El tribunal declara ilegales los artículos 7.1, 8 y 11 del texto que vetaban los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga a los 'sin papeles' con el único argumento de carecer de residencia legal. En todos estos artículos, el legislador (de mayoría del PP por entonces) había introducido como condición para ejercer estos derechos el «obtener la autorización de estancia o residencia en España».

Estos artículos provocaron un aluvión de recursos, entre ellos de la Junta de Andalucía y el Parlamento de Navarra. Este último, el de la Cámara foral, ha sido el primero en ser estudiado por el tribunal y el que ha provocado la anulación de los tres artículos más polémicos.

El fallo también dice que es ilegal incluir el termino «residentes» para discriminar entre los inmigrantes legales y los 'sin papeles' a la hora del acceso a la educación o de gozar de un abogado pagado por el Estado.

Traslado desde Roma

Por otra parte, el secretario español de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, confirmó ayer que España lleva semanas negociando con Italia para garantizar que los ciudadanos rumanos amenazados de expulsión por Roma no se trasladen de forma masiva a territorio español.

El Gobierno italiano aprobó la semana pasada un decreto que posibilita la expulsión con carácter urgente de ciudadanos comunitarios, como respuesta a la alarma social generada por el asesinato de una mujer a manos de un rumano, además de otros delitos que se atribuyen a personas de esa nacionalidad.