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Los daños colaterales del «punto cero» de 2002

El auténtico «boom» de las certificaciones falsas de obra nueva comenzó en junio de 2002, cuando todos los partidos políticos aprobaron el famoso «punto cero». Conscientes de que había que dar solución a las más de 3.000 viviendas ilegales que existían en el municipio, todas las formaciones llegaron al acuerdo de legalizar las viviendas construidas hasta la fecha y no permitir ni un diseminado irregular más.

IVÁN BERNAL
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Sin embargo, a partir de esta fecha, la proliferación de casas ilegales se acrecentó debido a la pasividad del Gobierno local. Se calcula que en la actualidad existen cerca de 5.000 viviendas. La conclusión de la comisión de viviendas ilegales, que se hizo publica hace justo un año, aclaró que «no se había hecho nada para evitar la proliferación de este tipo de edificaciones». La zona de Los Perales fue una de las que experimentó un mayor crecimiento. De las 80 construcciones ilegales que se contabilizaron en 2002, se pasó a 166 edificaciones en 2005.

Por todo ello, los dueños de estas construcciones ilegales movieron cielo y tierra para conseguir documentos que probaran que el edificio fue construido antes de 2002.

Esta fecha marca la diferencia entre la posibilidad de legalizar la vivienda con la aprobación del PGOU o enfrentarse a multas y al posterior derribo. A los cuatro años de haber construido una edificación ilegal, el delito prescribe. Por todo ello, el propietario puede registrar su propiedad, pedir una hipoteca y avanzar hacia su legalización.

Es en este momento cuando entran en juego abogados, arquitectos, peritos y promotores que comienzan a emitir certificados falsos de obra nueva.