Urbanismo rechaza más de cien peticiones de luz y agua de viviendas irregulares

Tajante. Así se muestra el Ayuntamiento de El Puerto en materia urbanística, postura que ha provocado que más de cien solicitudes de luz y agua para viviendas construidas en los diseminados hayan sido rechazadas.

Ya lo dejó claro la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, en la primera rueda de prensa que ofreció tras tomar el cargo. «Aquí se acabó el firmar un papelito para pedir luz y agua, como ocurría en la época de Hernán Díaz, y que a la semana todo estuviera listo». Con ello, según el nuevo equipo de Gobierno, se pretende instaurar la legalidad.

Precisamente éste fue el tema que ocupó la asamblea que se celebró el pasado domingo en el diseminado de Whinthuyssen, donde más de 25 familias se ven afectadas por esta política «intransigente». El presidente de los vecinos, José Antonio Castro, ya ha solicitado en varias ocasiones al alcalde, Enrique Moresco, y a la concejal de Urbanismo «una salida legal a esta situación», ya que «hay muchas familias que, a pesar de haber construido sus casas hace unos años, ahora no pueden ocuparlas porque no tienen ni luz ni agua». Además, Castro asegura que muchas de estas viviendas cuentan con los monolitos necesarios para obtener el servicio, previo proyecto de electrificación del anterior equipo de Gobierno, e incluso asegura que los certificados fueron publicados en el Boletín Oficial de la provincia.

Pero, por el momento, lo único que han conseguido de Ybarra es el compromiso de estudiar uno por uno estos casos concretos. Aunque fuentes municipales aseguraron ayer que «aún no se han producido adelantos en estos análisis pormenorizados».

Este asunto está preocupando enormemente a los vecinos de los diseminados que consideran que se están viendo seriamente perjudicados por los retrasos que está sufriendo el Plan General de Ordenación Urbano (PGOU). Así, Castro explica que desde 1998 están «en vilo» a la espera de regularizar la situación de las viviendas y conseguir que la zona cuente con las infraestructuras necesarias. Una situación de desesperación que se ha agudizado después de conocerse el informe de incidencia territorial que la Junta ha emitido sobre el PGOU y que prácticamente obliga a rehacerlo.