Ladrillos fuera de control

La Fiscalía de Medio Ambiente no da abasto y los expedientes que llegan ahora por construcción ilegal hasta la Audiencia Provincial desbordan la mesa de trabajo del fiscal Ángel Núñez. En un sólo año de gestión se han abierto en la provincia más de 280 diligencias por construir fuera de la ley. Suma y sigue. Poner ladrillos en la costa gaditana sin el más mínimo de los controles ha sido durante décadas una práctica común e impune. Las sanciones se quedaban en multas que, previo pago, daban casi la patente para acceder a la legalización. Desde luego, un truco fácil para los pícaros. Los ayuntamientos han optado por mirar hacia otro lado antes de clausurar o derribar la vivienda, velando más por el coste político que por el interés general. En un fin de semana se hacía el agujero y en poco menos de un mes, el maestro de obra levantaba un chalé sin papel de por medio. Sólo los ecologistas han ejercido de moscas cojoneras en este polémico asunto denunciando el desaguisado. Ahora parece que la situación ha dado un giro de 380 grados. El fiscal Núñez no se cansa de repetir que la primera Administración que tiene que velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas es el propio ayuntamiento y es la concejalía de turno la responsable de mantener el orden. No hace falta ser un experto para entender que durante años alguien no ha hecho bien su trabajo. Algunos ayuntamientos no han sabido o, lo que es peor, no han querido imponerse para zanjar lo que a todas luces era un desastre. Prueba de ello son las 15.000 viviendas ilegales de Chiclana, las 5.000 de El Puerto o las 3.000 de Sanlúcar. Demasiada permisividad. Toca ahora poner orden al desorden. El trabajo de la Fiscalía y de la unidad especializada contra el fraude urbanístico parece que empieza a dar sus primeros frutos.