Musharraf desata la caza de opositores

El presidente paquistaní, Pervez Musharraf, dio ayer un paso más en su afán de controlar el país asiático e impedir que nadie cuestione su poder. Veinticuatro horas después de declarar el estado de excepción ordenó a la fuerzas de seguridad iniciar la caza del opositor. Y las razias comenzaron con la detención de al menos quinientos activistas contrarios al régimen. Todo apunta, además, a que los arrestos continuarán ya que el primer ministro, Shaukat Aziz, señaló que la suspensión de los derechos constitucionales se mantendrá «el tiempo necesario».

La ola de arrestos masivos afectó a líderes de la oposición, activistas y otras figuras políticas en las principales ciudades. «Ha habido más de quinientos arrestos preventivos», confirmo Aziz en una conferencia de prensa, en la que señaló que el Ejecutivo está comprometido con «una forma de Gobierno parlamentario».

Entre los arrestados están el presidente en funciones de la Liga Musulmana del exiliado ex primer ministro Nawaz Sharif, Javed Hashmi; el líder de la Asociación de Magistrados del Supremo, y la activista pro derechos humanos Asma Jahangir, máxima dirigente de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, según la página web del canal Geo TV.

También se impidió abandonar su domicilio al ex jugador de crícket Imran Khan, que actualmente dirige la formación opositora Teehrik-e-Insaf, aunque fuentes próximas a su partido indicaron que había logrado eludir la vigilancia policial y salir de su vivienda.

En la lista de detenidos está además el que fuera jefe de los todopoderosos servicios secretos paquistaníes (ISI) durante el primer Gobierno de Benazir Bhutto (1988-1990), Hamid Gul, conocido por algunas polémicas declaraciones extremistas y por sus duras críticas a la política de Estados Unidos. Según Geo TV, Gul fue arrestado ayer durante un acto público en el que denunció que el actual estado no es de excepción, como afirma el presidente Musharraf, sino de «ley marcial», antes de ser introducido por la fuerza en un furgón policial.

El primer ministro paquistaní indicó que el estado de excepción fue impuesto por los «muchos desafíos» que debe afrontar Pakistán. Y dando otra pista de que la actual situación puede prolongarse más de lo que muchos quisieran señaló que, bajo el orden actual, el Parlamento puede retrasar las elecciones generales, aunque matizó que el Gobierno todavía no ha tomado una decisión.

«Aún estamos deliberando. En el estado de excepción el Parlamento podría darse a sí mismo hasta un año de plazo para convocarlas», dijo Aziz, en referencia a una cláusula legal que permite ampliar la legislatura por un máximo de doce meses en situaciones excepcionales. La actual termina en teoría el próximo 15 de noviembre, y en un principio estaba previsto que las elecciones generales se celebraran a principios de 2008.

Desde la declaración del estado de excepción la emisión de los canales privados de noticias está interrumpida, lo que ha convertido las páginas web de televisiones y periódicos en la única fuente de información independiente para muchos sobre la situación en el país. Además, se ha establecido un código de conducta que prohíbe la publicación de informaciones que «difamen, pongan en ridículo o afecten a la reputación» del jefe del Estado, de los miembros de las Fuerzas Armadas o las instituciones.

Normalidad

Pese a estas medidas, las principales ciudades del país surasiático presentaban ayer un aspecto de relativa normalidad, con los comercios abiertos y los transportes funcionando. En Islamabad, sin embargo, se podía ver una fuerte presencia policial en varios puntos clave de la capital, como los alrededores del Parlamento y de la sede del Tribunal Supremo, cuyo acceso fue bloqueado la noche del sábado.

Críticas

El estado de excepción fue duramente criticado por los medios impresos, que calificaron la medida de «draconiana» y de un «segundo golpe» de Musharraf (tras el que dio en 1999 para alcanzar el poder), así como por los distintos partidos de la oposición.

Además, en algunos sectores políticos se especulaba con que la ex primera ministra Benazir Bhutto, que el mismo sábado regresó apresuradamente a Karachi desde Dubai tras conocer la medida adoptada, que tildó de «miniley marcial», hiciera un llamamiento a movilizarse contra la decisión de Musharraf.

El máximo dirigente paquistaní declaró el estado de excepción al alegar el aumento de la violencia extremista y la «interferencia» del poder judicial en la política del Gobierno, pero la oposición considera que lo ha hecho para evitar un veredicto del Supremo que podía invalidar su reciente reelección como presidente.