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Opinion

Reforma chavista

La reforma que impulsa Hugo Chávez de la Constitución de la Republicana Bolivariana de Venezuela tiene ya fecha para su referéndum. El próximo 2 de diciembre, los venezolanos tendrán la oportunidad de expresar su parecer en las urnas sobre un texto que, de aprobarse, supondría la culminación del proyecto chavista de retorcer el paradigma de la democracia representativa hasta dar carta de naturaleza a un caudillismo constitucional. La reciente unificación de todas las corrientes políticas que vienen respaldando a Chávez en un solo partido constituye el reflejo orgánico de un liderazgo absoluto. Especialmente en la presente legislatura, en la que la negativa de la oposición a concurrir a las elecciones a la Asamblea Nacional ha permitido al chavismo convertirse en la única voz en el Legislativo. El proyecto constitucional de Chávez consagra un poder presidencial omnímodo, carente de contrapesos institucionales, que fragmenta territorialmente el Estado y recurre al referéndum como fórmula eminentemente populista para, incluso, revocar a los cargos electos. La posibilidad de que el presidente pueda ser reelegido para períodos de siete años y de forma ilimitada invita a pensar en el diseño de un régimen vitalicio. Además, el significativo incremento de sus atribuciones, concediéndosele la ordenación y gestión del territorio; la creación o supresión de las provincias, distritos y municipios, y la designación y remoción de sus autoridades; la promoción en el seno de las Fuerzas Armadas; o la potestad de decretar créditos adicionales al Presupuesto conforma un cuadro de competencias que se añade al ya abultado poder de que gozaba desde la aprobación, hace ocho años, de la Constitución vigente.

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Es indudable que el proyecto chavista se alza sobre la ingente capacidad financiera que al Estado venezolano le brindan sus yacimientos de petróleo. Esa en apariencia inagotable inyección de dinero, favorecida en los últimos años por el incremento del precio del barril, define un engañoso sistema socialista-humanista, que entre otras cláusulas constitucionales se permite establecer un alambicado principio de propiedad que facilita la intervención estatal sobre la misma, mientras se anuncia el propósito gubernamental de reducir la jornada laboral a seis horas. La concepción de la Fuerzas Armada Nacional Venezolana como institución que «estará siempre al servicio del pueblo, y en ningún caso al de la oligarquía o poder imperial extranjero», en el fondo concede al Ejército la función de velar por la continuidad del propio proyecto chavista. Además, la plasmación constitucional de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de América llega a consignar la previsión de las llamadas empresas grannacionales o de la Fundación de Repúblicas como mecanismos a través de los cuales el chavismo puede hacerse valer de los activos petroleros de Venezuela para afianzar políticas y regímenes análogos en otros países de su área de influencia.