La Fiscalía de Medio Ambiente duplica las investigaciones abiertas por temas urbanísticos

A menos de dos meses de concluir el año, el importante número de diligencias informativas abiertas por la Fiscalía de Medio Ambiente por asuntos relacionados con la ordenación del territorio, demuestran que las construcciones ilegales son una de las grandes rémoras que soporta esta provincia y que está influyendo de manera directa en las políticas locales al forzarse planeamientos urbanos para legalizar muchas de estas edificaciones, entre otros síntomas; y por otro lado, este tipo de delitos han dejado de ser sólo una cuestión de particulares que buscaban una residencia a menor coste para convertirse en el filón de auténticas tramas delictivas, organizadas en torno al negocio del ladrillo que se construye fuera de la ley.

Además, a lo largo de este año el Gobierno central ha especializado por primera vez determinados recursos para combatir la delincuencia urbanística, lo que ha tenido una influencia directa en el número de investigaciones iniciadas en la Fiscalía, que viene a duplicar las que se abrieron en 2006. Así, hasta el mes de octubre se contabilizaban más de 280 diligencias -esta cifra no incluye las que nacen en el Campo de Gibraltar-, mientras que en 2006 de las 101 que se abrieron 77 fueron por atentados contra la ordenación del territorio.

La comparación de las cifras resultantes en los últimos años evidencian una evolución a la alza; es decir, cada año se acometen más investigaciones como consecuencia de que se formulan más denuncias. En 2005 se abrieron 102 diligencias en total y en 2004 fueron 73 los expedientes incoados. Pero como reconoce el propio Fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, aún los medios son escasos, pese a los últimos aportes como la creación de una unidad especializada dentro de la Guardia Civil, y que en la Comandancia de Cádiz sólo cuenta con tres agentes. Por tanto la relación es clara: «Si hubiera más medios, se podría investigar más», explica Ángel Núñez.

Esta reflexión fue lanzada durante el foro organizado por LA VOZ para analizar en profundidad el fenómeno de las viviendas ilegales, sus causas y sus consecuencias y las variedades delictivas que han salido a la luz gracias a operaciones policiales como el caso Obra Nueva, que en estos momentos está sujeto al secreto de sumario, pero que se ha cobrado ya la detención de 24 personas y la imputación de otras tres.

Las ausencias

El encuentro se celebró el lunes y acudieron el fiscal de Medio Ambiente, la responsable de la oficina de visados del Colegio de Arquitectos, Pilar Ortega; el promotor Manuel García y el coordinador de Ecologistas en Acción, Juan Clavero. También fueron invitados los concejales responsables del área de Urbanismo de los ayuntamientos de El Puerto y Chiclana, dos localidades especialmente castigadas por las construcciones fuera de control, pero ambos declinaron la invitación.

A la hora de bucear en las causas que ha llevado a determinados municipios de la provincia a contar con miles de viviendas levantadas fuera de planeamiento y al consiguiente daño ocasionado al medio ambiente, todos los participantes en el foro coincidieron en señalar como una de las circunstancias determinantes: la pasividad de las administraciones. «Nadie puede creerse que un Ayuntamiento ha vivido ajeno a la edificación de miles y miles de casas. La Administración no ha hecho nada y si no persigue al promotor que incumple con el PGOU y que construye sin licencias, es muy difícil acabar con este problema», decía Manuel García, quien reconoce que la mala praxis de muchos colegas está poniendo en entredicho su profesión. «Como en todos lados, hay gente con y sin escrúpulos. Pero si existe una ley hay que cumplirla y es deber de las administraciones velar por que se cumpla. Es la única forma de ir apartando a esas personas».

Silencio administrativo

Desde su perspectiva jurídica, el fiscal Ángel Núñez, consciente como así lo ha manifestado en multitud de ocasiones de la falta de contundencia de los consistorios, cree que es necesario incluir en el Código Penal penas por el silencio administrativo, el cual sirve de excusa para explicar por qué se ha levantado una casa sin que el propietario tuviera la licencia municipal pertinente. «Se deja pasar el tiempo hasta que la administración se pronuncia negando la autorización y mientras discurre ese tiempo, el propietario ejecuta la obra». El fiscal entiende que ese comportamiento, de dejar hacer por inoperancia, debe ser castigado para de esa forma poder obligar a las administraciones a que den una respuesta rápida y sin unas dilaciones que los infractores utilizan en su beneficio.

Coste electoral

El ecologista Juan Clavero, cuyo colectivo es impulsor de decenas de denuncias que han puesto de manifiesto las notables irregularidades en materia urbanística que se han cometido en el término municipal de El Puerto, pone el acento en el «miedo que tienen los gobiernos locales a tirar casas y perder votos».

El representante del colectivo ecologista considera vital «imponer la disciplina urbanística» y ve en la falta de concienciación del ciudadano uno de los frentes que deben combatirse. «La gente no es consciente del daño que ocasiona una casa ilegal, la herencia que deja y el coste que supone para todos los vecinos. Porque muchos servicios que tienen los residentes en urbanizaciones ilegales los costeamos todos. Por ejemplo cuando se enganchan de manera irregular a la red de suministro de luz».

Grupos de presión

Precisamente, los colectivos vecinales que reivindican la legalización de sus viviendas y que se les suministren los servicios básicos, «se han convertido en verdaderos grupos de presión. Se manifiestan y protestan cuando saben que sus peticiones se asientan sobre un hecho ilegal y ante eso no cabe discusión alguna», comenta el fiscal de Medio Ambiente.

Los arquitectos como colectivo profesional se ha visto salpicado en las últimas semanas por la imputación de un colega en la operación Obra Nueva, como presunto autor de decenas de certificados falsos que servían para acreditar la antigüedad superior a cuatro años de inmuebles construidos en suelo no urbanizable. Desde el Colegio se han impuesto una serie de medidas de control, adelantadas por este medio hace unos días, para tratar de detectar qué documentos pueden ser falsos antes de ser visados. Pero la responsable del departamento encargado de visar dichos certificados quiso dejar claro que casos como Joaquín P. S. (imputado en la operación Obra Nueva) «son excepcionales dentro del colectivo de profesionales». Es más, también aclaró que «el arquitecto por ser técnico es responsable de todo aquello que firma. Podría darse el caso de que una persona no verifique bien lo que está validando con su firma. Está haciendo mal su trabajo, pero estaríamos ante una negligencia por fiarse de otras personas».

En ese momento, Pilar Ortega fue interrumpida por el fiscal Ángel Núñez quien sostuvo que esos ejemplos «son muy raros» y lo habitual es que el profesional implicado sepa perfectamente lo que está haciendo. Así, en la mesa se habló de un técnico implicado en varios procedimientos abiertos que pudo llegar a firmar hasta 600 certificados fraudulentos en sólos dos años.

En el capítulo de propuestas para que una situación de por si descontrolada, se pueda volver a encauzar, se trazaron en el foro unas líneas de actuación que pasaban indiscutiblemente por dotar de más recursos para que funcionen las inspecciones urbanísticas en los distintos ayuntamientos; concienciar a la ciudadanía para que no participe en ese fenómeno y endurecer los castigos para aquellos que violan los planeamientos. Y una vez más, que exista una verdadera implicación de los ayuntamientos para que sus municipios no ostenten el honor de ser los que más viviendas ilegales tienen dentro de sus límites.

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