Una cultura I+D para el 2012

Hace unos días, en una reunión con otros colegas universitarios, mostraba mi preocupación por la tenaz vigencia de ciertas imágenes y ciertos tópicos en torno a la Constitución de Cádiz y su contexto de la Guerra de la Independencia, y que vienen siendo utilizados por algunos políticos como reclamos populistas de su gestión, cuando no son sino simplemente producto de un desconocimiento sobre los imaginarios colectivos que sobre la Guerra de la Independencia y 1812 se han ido levantando en determinados momentos de nuestra historia, incluso la más reciente. Me refiero con ello, a ciertos mitos, a ciertos personajes, a determinadas formas de imaginar y de pensar lo que estos acontecimientos supusieron, y que no son, en numerosas ocasiones, sino imágenes manipuladas e interesadas, que falsifican la historia, y sobre las que conviene reflexionar para no confundir las voces de los ecos, como diría Antonio Machado.

Algunas de estas imágenes son la lectura épica de 1808 en los años cuarenta (basta recordar la heroína del sitio de Zaragoza, Agustina de Aragón), o la lectura ya más moderna de 1812 a partir de los años sesenta en las respetivas obras de Ramón Solís (1963) y Enrique Tierno Galván (1964), con fortunas muy desiguales, amén de las obvias diferencias ideológicas y matices políticos, que se desprenden de los ejemplos aludidos, y que en modo alguno son los únicos, pues nuevamente y con un significado mucho más innovador vuelve a relanzarse ahora el mito de 1812 de acuerdo con los nuevos valores democráticos y constitucionales de la actual sociedad española, como puede observarse en el libro colectivo La Constitución de Cádiz: historiografía y conmemoración. Homenaje a Francisco Tomás y Valiente (2006).

Valdría, pues, la pena preguntarse qué pensamos sobre Napoleón y toda esa larga campaña publicística que lo identifica con el mismo Lucifer, cuando para muchos de los protagonistas de aquellos acontecimientos Napoleón era sinónimo de progreso, de cultura, de modernidad. Por no hablar de otras muchas asignaturas pendientes, como la fortuna de aquellos españoles condenados al exilio, la cárcel o el silencio, y que ahora, como hicieron muchos de nuestros mejores intelectuales, también exiliados, de la II República, habría que recuperar, y cerrar así esa terrible fractura de las dos Españas. Pienso en Vicente Llorens, en Goytisolo, Alberti, Buero Vallejo. Todos vinculados a esa perpleja herencia de la España exiliada de 1814, 1823 y 1936, y que ahora en el 2012 debería cerrar su ciclo, en un ejercicio de recuperación de la memoria histórica, que haga justicia a lo mejor de la cultura y el pensamiento español de los siglos XIX y XX, y sobre cuyos pilares se cimenta la articulación de nuestra esencia como ciudadanos de bien y españoles del siglo XXI.

Y precisamente por ese especial calado actual de la España de 1812 también hay que llamar la atención sobre la responsabilidad de nuestros políticos municipales a la hora de plantear la visualización del Bicentenario. Porque puede caerse -como ya ha ocurrido en otras ocasiones- en la tentación de convertir todo este asunto en una especie de opereta vienesa con ciertos toques populistas, que no hacen sino insistir una y otra vez en las imágenes más manidas y apolilladas de siempre, transmitiendo y publicitando una idea falsa y manipulada de la Constitución de Cádiz y todo su entorno. Y es que no hago más que escuchar una y otra vez a nuestros políticos más cercanos -Alberto Ruiz Gallardón en su fugaz visita a Cádiz también lo hizo- hablar del «levantamiento popular» contra la «invasión francesa», cuando realmente se trataba de una guerra civil en toda regla, del papel estelar de Fernando VII, que condenó la Constitución de Cádiz al exilio, y de relacionar toda esta retahíla de disparates históricos con el nacimiento de España como Nación.

Todo ello debe mover a una reflexión más pausada y serena, lejos del escaparate electoralista, porque debe exigirse al político una mayor seriedad y responsabilidad en sus conocimientos y, por supuesto, en sus planteamientos públicos respecto al Bicentenario, y no perder de vista nunca la oportunidad que se nos brinda de recuperar, sin los prejuicios de otras épocas, la verdad y el legado de unos tiempos en los que la clase política si se distinguía por algo era, precisamente, por su fuerte compromiso por el cambio, el diálogo y el progreso. Recuperar esa idea de 1812 es clave en las actuaciones públicas de la celebración constitucional, sin concesiones a esa especie de esclerosis folclórica y colorista en la que, con todos los polvorientos disfraces de los tópicos, suele caerse con demasiada frecuencia. Recuperar la memoria histórica de la Constitución de Cádiz es vital.

Por eso es crucial el papel de la Universidad, cuya función no debe ser otra que la de velar por esa «recuperación», y mantener el rigor y la responsabilidad desde una cultura presidida por la investigación, el desarrollo, el progreso y la excelencia: la I+D.