El gasto público destinado a mayores de 65 años supera los 100.000 millones anuales

Casi dos millones de españoles tienen 80 o más años. Cada doce meses, 400.000 personas cumplen 65, y a mediados de siglo un tercio de la población habrá superado esa barrera. En ese momento, por cada 100 ciudadanos en edad de trabajar habrá 56 que vivirán de una pensión de jubilación. Hoy son sólo 25. Es el retrato demográfico de un país que se encamina hacia los puestos de cabeza en la clasificación de los más viejos del mundo. Algo que tiene consecuencias económicas que los especialistas comienzan a evaluar con preocupación.

La más importante es que el Estado deberá gastar sumas crecientes en pensiones y en la atención sanitaria y social de ese colectivo, detrayendo los recursos de otras partidas. Cuando el 31 de diciembre se cierren los presupuestos de este año, en España se habrán destinado alrededor de 106.000 millones de euros a pensiones y asistencia de todo tipo a los mayores de 65 años, más del 10% del PIB. Una suma que ha crecido con rapidez en los últimos años y que se quedará pequeña en breve.

Retrato demográfico

El retrato demográfico de los mayores de 65 años se resume así, según el Informe 2006 del Imserso: al cumplir esa edad, la esperanza de vida estadística concede a cada español otros 19 años de vida; de ellos, algo más de 12 libres de cualquier incapacidad, y el resto con limitaciones crecientes, lo que hace que requieran de ayuda externa. De hecho, uno de cada cuatro mayores de 65 tiene alguna incapacidad.

Los mayores de 80 años llegarán a los seis millones en 2050. Y si hoy existen en España algo menos de 7.000 centenarios, a mitad de siglo pueden ser unos 55.000. Los efectos económicos de esas circunstancias objetivamente felices para una sociedad son demoledores.

Todos los especialistas han advertido de que el actual modelo de pensiones públicas entrará en crisis a partir de 2015 o como mucho 2020 si no se modifican radicalmente algunas circunstancias, como cuantía de la percepción, porcentaje de cotización o dotación presupuestaria complementaria. En este año, las pensiones pagadas a personas con más de 65 años (por jubilación y viudedad) suman unos 70.000 millones de euros. «Si queremos un sistema generoso con las pensiones, tendremos que pagar más», advierte Francisco Javier Braña, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca y autor de uno de los estudios más citados sobre el coste de la dependencia en España. La clave, a su juicio, está en la existencia de unos impuestos suficientes y la redistribución de las asignaciones presupuestarias.

Médicos y farmacia

El capítulo de las pensiones es el más voluminoso, pero al mismo tiempo el más fácil de resolver si hay dinero suficiente. En cambio, la asistencia médica no sólo es cuestión de recursos, sino también de disponibilidad de personal y equipos. Los datos del Ministerio de Sanidad revelan que los mayores de 65 acuden al médico de cabecera el doble de veces que los menores de esa edad. También van más a un hospital: el 9% del colectivo ha estado ingresado en el último año, y su estancia es más larga.

El resultado es que los jubilados son sólo el 17% de la población pero consumen la mitad del gasto de la sanidad pública: alrededor de 25.000 millones de euros en un año. Este capítulo, sin embargo, no debería crecer a un ritmo tan veloz como pudiera parecer a primera vista. Hay dos razones para ello: que la mayor parte del gasto se concentra en los últimos dos años de vida y que el estado de salud de quienes hoy llegan a los 80 años es mucho mejor que hace dos o tres décadas.

Algo parecido sucede con el gasto farmacéutico: si la mitad de la población menor de 65 años consume medicamentos de forma más o menos regular, entre los 65 y 74 años el porcentaje sube hasta el 85,7% y de 75 en adelante alcanza el 92%. El resultado económico es que los mayores de 65 suponen el 80% del gasto total en productos farmacéuticos, por efecto de su mayor consumo y del menor pago en las recetas. Otros 8.000 millones más que salen de las arcas públicas.

Menos cubierto

El capítulo que debe registrar un crecimiento del gasto más rápido es el de la asistencia social porque es uno de los que ha sido tradicionalmente peor cubiertos en España, al ser asumido en su mayor parte por las familias. Un estudio de Julia Montserrat, profesora de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, estima que una persona con algún grado de dependencia genera un gasto en asistencia que va desde los 343 euros al mes (necesita sólo de una pequeña ayuda a domicilio) hasta los 1.650 euros (requiere de estancia en una residencia).

De la aplicación de ese baremo a las situaciones actuales de dependencia se derivarían unas cantidades que distan mucho de la dotación presupuestaria que hoy suman las distintas administraciones con competencias. De hecho, según el Imserso, en España se destinan no más de 3.000 millones anuales a la asistencia social a mayores. Un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Imserso y la Fundación Pfizer evalúa que en 2010 el coste de la asistencia social rondaría los 13.000 millones de euros. Es decir, de aquí a tres años debería más que cuadruplicarse el presupuesto actual.