Asumir una sentencia

A tenor del abierto cuestionamiento de la sentencia al que algunas voces han procedido, cabe deducir que significados líderes de opinión albergaban el deliberado propósito de convertir la más mínima incógnita que el veredicto dejara en el aire en motivo suficiente para desvirtuar todo su contenido. Sólo así puede explicarse la engreída obstinación en minusvalorar las conclusiones a las que ha llegado el Tribunal tras el estudio de un sumario prolijo y la presentación de un sinfín de pruebas y testimonios a lo largo de la vista oral. Proclamar que los instigadores del 11-M han sido absueltos por el Tribunal constituye una afirmación tan torticera y ajena al Derecho como alegar que los magistrados no han llegado a demostrar que ETA no participara en los atentados.

Esta segunda aseveración es el reflejo de una obsesión que nada tiene que ver ni con la información disponible y el criterio de los especialistas, ni con la lógica que preside el funcionamiento del Estado de derecho. La sentencia desbarata de tal manera la tesis de la participación de ETA, que bien harían los promotores de la misma en admitir el fallo en un aspecto que ha quedado meridianamente claro, cual es el de la inspiración netamente yihadista de los atentados y su ejecución por terroristas adscritos a dicha corriente. Pero más sibilina y, en esa misma medida, más correosa resulta la pretensión de convertir la no identificación de los instigadores directos o remotos de los atentados en argumento para diluir la responsabilidad de los encausados y de quienes decidieron poner fin a sus vidas en Leganés, mientras se abona la hipótesis de una trama oculta cuyas supuestas ramificaciones han inspirado en el pasado reciente veladas y no tan veladas imputaciones incluso contra servidores y representantes públicos.

La ciudadanía ha de saber que la solidez sumarial en el caso del 11-M, la precisión de las conclusiones a las que ha llegado el Tribunal y las condenas impuestas constituyen una excepción en el tratamiento judicial de las causas por terrorismo yihadista en el mundo. Las instancias policiales, fiscales y judiciales españolas han respondido a tan comprometido caso con una eficacia y un rigor comparables a cómo abordan cualquier otro asunto criminal. Y si la sentencia, como el propio sumario, deja abiertas vías que podrían dar lugar a más investigaciones y a causas desgajadas del citado tronco se debe, en gran medida, a la naturaleza impenetrable e imprevisible del yihadismo violento. Es cierto que la Fiscalía acusó a quienes entendía eran instigadores de los atentados. Pero el hecho de que el Tribunal considerara tal imputación falta de pruebas demuestra que para los tres magistrados la acusación se basaba en convicciones que no estaban fundadas como para sostener un veredicto de culpabilidad. Es, sin duda, la expresión más palpable de que el proceso de decisiones en la compleja y tantas veces improvisada galaxia yihadista resulta demasiado sinuoso, y sus pasos demasiado imperceptibles para que puedan brindar fácilmente la carga probatoria que demanda nuestro sistema garantista e identificar a los llamados «autores intelectuales».

La sentencia ha sido dictada en puertas de la campaña electoral que nos conducirá a los comicios generales del próximo 9 de marzo. El Partido Popular no parece haber sido capaz de deshacerse del lastre que para el desarrollo de su política han supuesto las teorías conspirativas instaladas en su seno. La mención, sin más precisiones, que tanto su presidente como una nota oficial de su dirección hicieron a la necesidad de continuar la investigación dejaba en demasiado mal lugar las conclusiones del Tribunal. Un desliz suficiente para que los dirigentes del PSOE decidieran ayer dar rienda suelta a sus críticas al PP, tratando así de condenarlo a seguir sujeto por la argolla del caso. Sería un despropósito que la formación de Rajoy continuara viendo en el 11-M un terreno idóneo para librar su particular pulso por la alternancia. Un despropósito que sería especialmente censurable en tanto que afectaría a la credibilidad de las instituciones, al buen juicio que requiere el ejercicio de la representación política y a la necesidad de las víctimas de aquel bárbaro crimen de verse moralmente reconocidas y resarcidas por la Justicia.