El Gobierno aprueba la renta de emancipación para jóvenes

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto que regulará la renta de 210 euros mensuales destinada a promover la emancipación de los jóvenes de entre 22 y 30 años con unos ingresos brutos inferiores a 22.000 euros anuales. La ayuda se podrá percibir durante un máximo de 4 años.

Para recibir esta ayuda los jóvenes que la soliciten lo podrán hacer mientras buscan piso, y tendrán un plazo de tres meses, desde que se les reconozca el derecho provisional a la prestación, para presentar un contrato de alquiler. A esta ayuda se añade también la de 600 euros para la fianza y pago del coste financiero del aval, incluidos en el Plan de Apoyo a la Emancipación e Impulso del Alquiler.

Se entenderá que tienen una fuente regular de ingresos inferiores a 22.000 euros los trabajadores por cuenta propia o ajena, los becarios de investigación y los perceptores de una prestación social pública de carácter periódico, contributiva o asistencial, siempre que puedan acreditar una vida laboral de, al menos, seis meses de antigüedad.

Este periodo de tiempo debe ser inmediatamente anterior al momento de la solicitud, o de una duración prevista de la fuente de ingresos de, al menos, seis meses contados desde el día de su solicitud. Otro de los requisitos es poseer la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo, o, en el caso de los jóvenes extranjeros no comunitarios, tener residencia legal y permanente en España.

Las Comunidades gestionarán las ayudas

El solicitante deberá hacer constar su DNI, el número de la Seguridad Social o equivalente, y se le podrá requerir un documento que acredite su situación laboral y sus ingresos. Si ya ha encontrado piso, tendrá que indicar la dirección, la referencia catastral, presentar el contrato de alquiler, indicando el número de titulares, ya que la ayuda se prorratea entre los inquilinos, y sus datos bancarios y los del arrendador.

Los interesados también podrán solicitar el reconocimiento provisional del derecho a la renta básica de emancipación antes de arrendar una vivienda. En tal caso, dispondrán de un plazo de tres meses, a partir de la notificación, para presentar un contrato de alquiler y el resto de documentación necesaria para empezar a recibir la ayuda.

La renta de emancipación se pondrá en marcha en colaboración con las Comunidades Autónomas, que serán las encargadas de gestionar y tramitar las ayudas, mientras que el Gobierno será el encargado de realizar los pagos a los beneficiarios. Los jóvenes podrán acceder al impreso de la solicitud a través de la web del Ministerio de Vivienda y de los servicios de vivienda de las Comunidades y Ciudades Autónomas donde se ubique la vivienda objeto del contrato de arrendamiento.

La solicitud se presentará en estas oficinas, donde se comprobarán los datos aportados y se resolverá, en el plazo máximo de dos meses, la solicitud. Posteriormente, las Ciudades y Comunidades Autónomas trasladarán la resolución al interesado y al Ministerio de Vivienda que, una vez revisada, autorizará el pago de la ayuda al joven inquilino a través de las entidades bancarias colaboradoras del programa.

Con el fin de evitar abusos y fraudes, el Real Decreto establece diversos mecanismos de control: se establece que no podrán ser beneficiarios de las ayudas quienes tengan parentesco en primer grado o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de su vivienda habitual.

Reformas en el régimen disciplinario de la Policía

El Consejo también ha dado luz verde al anteproyecto de Ley Orgánica que regulará el nuevo régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, según informó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión de Ejecutivo, De la Vega, junto al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado que esta medida se enmarca en los planes del Ejecutivo para modernizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Este anteproyecto, que ahora se enviará al Consejo General del Poder Judicial para que emita el correspondiente informe, era una de las reivindicaciones de los sindicatos policiales.

Hoy también el Consejo de Ministros se ha ocupado de diversas medidas en materia de seguridad que, según De la Vega, es uno de los ejes prioritarios de la política del Gobierno.

Entre esas medidas destaca la aprobación del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras, que se dedicará a reforzar la seguridad en instalaciones estratégicas como centrales energéticas e infraestructuras de transportes.

Nuevo centro para la seguridad

El Gobierno ha aprobado también la creación del nuevo Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, encargado de controlar, las 24 horas del día, la seguridad de más de 3.500 instalaciones sensibles, como vías de transporte, centrales eléctricas o redes de abastecimiento de agua y alimentos.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha explicado que el nuevo Centro vigilará la seguridad de estas infraestructuras, no sólo ante la amenaza de atentados terroristas, sino también ante la posibilidad de catástrofes naturales, que también pueden afectar al funcionamiento de estas instalaciones básicas.

En los últimos meses el Gobierno ha elaborado un catálogo con 3.500 instalaciones "críticas" en toda España, listado que, como ha aclarado Pérez Rubalcaba, tiene lógicamente un carácter secreto para garantizar su seguridad. El responsable de este nuevo organismo será el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, quien se encargará de desarrollar y actualizar el plan de protección de estas instalaciones aprobado ya por el Ejecutivo el pasado mes de mayo.

Más seguridad para las misiones de paz

En la reunión ministerial también se ha autorizado la adquisición, con carácter de urgencia, de 40 vehículos blindados, que deberán estar disponibles entre finales de 2007 y el primer trimestre de 2008, por un importe de 14,4 millones de euros.

Se trata de vehículos de alta movilidad táctica y elevado nivel de protección frente a proyectiles y minas, con los que el Gobierno pretende aumentar la seguridad de las tropas españolas en operaciones de paz. Esta propuesta, aprobada hoy, se enmarca en plan de renovación del material de las Fuerzas Armadas impulsado por el ministro de Defensa, que hasta 2010 incluye la adquisición de un total de 575 vehículos con un presupuesto de 320 millones de euros.