En el banquillo

La apertura del juicio oral por sendos delitos de desobediencia contra el lehendakari Ibarretxe, los líderes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares y los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Juan José Petrikorena, Rufi Etxeberria, Pernando Barrena y Olatz Dañobeitia constituye una decisión judicial de grave e indiscutible relevancia. El Tribunal Superior de Justicia vasco no sólo está encausando la celebración de reuniones partidarias, tras la declaración de tregua pero también una vez que ETA rompió el alto el fuego, con una formación ilegalizada por su connivencia con la organización terrorista. La resolución sienta en el banquillo de los acusados a la máxima autoridad institucional de Euskadi, con el efecto que conlleva adoptar una iniciativa de esa trascendencia. La coincidencia ante el Tribunal de representantes democráticos con aquellos que acumulan sumarios por su vinculación con el terror puede provocar reacciones de incomprensión, cuando no de abierto enojo, en significativos sectores de la sociedad vasca. Pero las indudables consecuencias políticas e institucionales de tal comprometedora instrucción no pueden retraer la actuación de la Magistratura en tanto se muestre convencida de que éste debe ser jurídicamente su proceder. Y tampoco pueden desembocar en el cuestionamiento del proceso mientras se desarrolle con plenas garantías.

La afirmación del Gobierno de Ibarretxe de que lo que se va a dirimir es «un juicio contra la sociedad vasca» supone una interesada manipulación destinada a propiciar un enfrentamiento imposible entre una suerte de sentir colectivo y la resolución del Poder Judicial legalmente constituido. El contraste entre la reacción del tripartito, atribuyendo al Tribunal impulsos políticos, y la voluntad del PSE de circunscribir su disconformidad al ámbito de lo jurídico refleja que los acusados pueden modular su defensa buscando los argumentos más favorables a la absolución y menos proclives a plantear un conflicto institucional. Especialmente cuando la Fiscalía se ha posicionado ya en contra de la causa, lo que puede introducir un elemento de debilidad en la misma. Los 16 meses de instrucción no sólo han situado al Tribunal Superior como la instancia judicial que con mayor rigurosidad está interpretando la letra y el espíritu de la Ley de Partidos. También han evidenciado las dificultades que persisten para ofrecer una interpretación unívoca de las consecuencias de la ilegalización de Batasuna, como han puesto de manifiesto recientes resoluciones penales del juez Garzón y del Tribunal Supremo. La Magistratura está obligada a conducirse con la máxima claridad y coherencia, procurando la unidad de criterio que requiere toda actuación susceptible de controversia pública. Pero este juicio también debería servir de advertencia sobre los riesgos que comporta promover un supuesto proceso de diálogo basado en el reconocimiento institucional de una formación ilegalizada.