El juez Garzón investigará a Marruecos por el genocidio de opositores saharauis

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia presentada el 14 de septiembre de 2006 contra una treintena de autoridades marroquíes por un delito de genocidio en el Sáhara Occidental con «asesinatos, lesiones y torturas». El juez Baltasar Garzón se ha declarado competente, tras el visto bueno de la Fiscalía, para abrir las investigaciones contra trece altos cargos. Ha pedido además que se informe a los querellados por medio de una comisión rogatoria y quiere saber si los hechos son investigados en el país norteafricano.

Entre la treintena de mandatarios contra los que se dirigió la denuncia se encuentra el ex ministro del Interior Dris Basri, fallecido el pasado agosto. Otros, sin embargo, sí mantienen altos puestos en la esfera de poder del reino alauí como el máximo responsable de la Gendarmería Real.

El general Housni Benslimane, uno de los trece querellados, fue condecorado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en enero de 2005 con la orden de Isabel la Católica junto a otras autoridades marroquíes. Benslimane «fue el superior que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en 1976», según el auto de la Audiencia Nacional.

«Que esta querella sea admitida es un gran avance para los derechos humanos», comenta una fuente judicial española que prefiere mantener su anonimato. «Si no se obstaculiza la querella debe seguir adelante». «Es una vía de investigación de todos los abusos que se cometen desde 1975» en la ex colonia.

El de Dijimi el-Ghalia, vicepresidenta de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (Asvdh), es uno de la decena de casos que se investigarán en la Audiencia Nacional. A esta mujer le cuesta detallar las torturas a las que fue sometida cuando fue secuestrada por las autoridades marroquíes en noviembre de 1987.

«Verdugos»

Abdelhafid ben Hachem, uno de los trece marroquíes contra los que se ha presentado la querella y supuesto responsable de la campaña de desapariciones forzadas de 1987 en El Aaiún, fue presuntamente el responsable de secuestrar a El-Ghalia. «Soy creyente y siempre he tenido la esperanza en que se haría Justicia», repitió Ghalia varias veces desde El Aaiún a través del teléfono mientras recordaba que entre el medio millar de desaparecidos de los que no se sabe nada está su madre, secuestrada en 1984. «Espero que la política no influya en la Justicia», añade esperanzado Brahim Dahane, presidente de esa misma asociación saharaui de derechos humanos, a los que se refiere como «verdugos».

Dahane, torturado, desaparecido y preso en varias ocasiones, se felicita por el anuncio de la Audiencia Nacional porque «España tiene una deuda y una responsabilidad» con los saharauis. «Espero ver justicia por lo menos en parte» porque «lo que pasa en el Sáhara es una vergüenza humanitaria».

España abandonó definitivamente el Sáhara Occidental en febrero de 1976, cuando la Marcha Verde orquestada por el rey Hassan II había situado ya al grueso del Ejército de Marruecos y a varios cientos de miles de ciudadanos en la ex colonia. La guerra entre Marruecos y el Polisario alcanzó el alto el fuego en 1991. Desde entonces una misión de la ONU trata de mantener la paz y organizar un referéndum de autodeterminación que con el paso de los años es cada vez más incierto. Nueva York ha acogido dos encuentros este año entre las dos partes en conflicto y se espera que Ginebra sea escenario de un tercero en próximas semanas, pero el resultado hasta ahora es que nadie ha movido un solo milímetro sus posturas.