Ibarretxe y Patxi López se sentarán en el banquillo por reunirse con Otegi

Juan José Ibarretxe, Patxi López y Rodolfo Ares se sentarán en el banquillo por reunirse con Batasuna. El juez Roberto Sáiz, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ordenó ayer la apertura de juicio oral contra el lehendakari, los dos dirigentes socialistas vascos y los miembros de la formación abertzale ilegalizada Arnaldo Otegi, Rufi Etxebarria, Juan José Petrikorena y Olatz Dañobeitia por los encuentros que mantuvieron durante el último alto el fuego de ETA los días 19 de abril y 6 de julio de 2006 y el 22 de enero de 2007. El Gobierno vasco y los partidos vieron en el auto del juez una decisión «política» de la Justicia mientras el PSE sostuvo que se demostrará «que no se ha cometido ninguna ilegalidad».

Sáiz justificó su decisión en un auto en el que rechazó el sobreseimiento de la causa ante la existencia de «indicios racionales de criminalidad» que podrían ser constitutivos de delito de desobediencia tipificado en el artículo 556 del actual Código Penal. Señaló, además, que las reuniones origen de la causa fueron «confirmadas» por los imputados en sus declaraciones.

El juez mantiene que los hechos encausados podrían suponer «el incumplimiento» de la sentencia del Tribunal Supremo del 27 de marzo de 2003, que declaró la ilegalidad y disolución de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, denominaciones utilizadas por la izquierda abertzale, y en la que se ordenó la suspensión de todas sus actividades.

Contra la Fiscalía

La decisión del magistrado contrasta con la postura de la Fiscalía, que a lo largo de toda la instrucción ha solicitado el sobreseimiento de la causa por considerar que no se dan los «requisitos objetivos ni subjetivos» del delito de desobediencia imputado. El auto da, en cambio, la razón a los demandantes, el Foro de Ermua y la plataforma Dignidad y Justicia.

Una vez decretada la apertura del juicio oral, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco deberá poner fecha al juicio que sentará por primera vez en el banquillo de los acusados a un lehendakari y a significativos dirigentes políticos vascos.

Las reacciones sobre el auto judicial fueron inmediatas. La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, señaló que se trata de «un hecho histórico de especial gravedad» ya que, «por primera vez en la historia, por impulso político» se enjuicia penalmente al lehendakari «por ejercer su función política para la que ha sido elegido». Azkarate denunció que «lo que es válido» para el presidente español, el diálogo, no lo sea para Ibarretxe, y criticó el «silencio» del Constitucional ante el «quebrantamiento» de los derechos del lehendakari.

El PSE anunció que solicitará «el archivo de la causa «por la imposibilidad de juzgar a quienes sólo están acusados por una acusación popular». «Si esto no prosperase, existen razones sobradas para demostrar que no se ha cometido ningún delito y obtener una sentencia absolutoria», señaló el PSE, que defendió que López y Ares han cumplido «con la obligación política que tenían de trabajar para lograr la paz en el País Vasco».