Dictadas las primeras penas de cárcel, en lugar de multas, por estas falsificaciones
Los planteamientos de la Fiscalía de Cádiz sobre qué castigo debe tener la falsificación de un certificado de estas características está cuajando en los tribunales gaditanos. Así, ya se han impuesto las primeras penas de cárcel a profesionales que verificaron una antigüedad superior a los cuatro años de viviendas que no habían sido levantadas antes de ese periodo de tiempo. De esta manera, la corrupción a estos niveles está teniendo una respuesta más dura por parte de la Justicia.
Actualizado:Hasta ahora, esta práctica estaba siendo castigada con una simple sanción económica; lo que no beneficiaba a la tarea de concienciación para impedir que nuevos profesionales se dejen corromper con suculentos beneficios económicos.
En el Código Penal se incluyó una variante del delito de falsedad documental para las falsificaciones de certificados, que conlleva la imposición de sanciones económicas. Este recurso era utilizado por las defensas de los imputados para obtener condenas más favorables. Pero la Fiscalía tenía una interpretación bien distinta de cómo valorar esta práctica ilegal; unos argumentos que parecen que están calando a tenor de las primeras sentencias impuestas por los juzgados de lo Penal.
El Ministerio Público entiende que un certificado de obra nueva debe tener el mismo rango que otros documentos públicos y debe castigarse con penas de cárcel si se falsean. Para ello apelan a la legitimación notarial que necesitan estas certificaciones como otras documentaciones de carácter público.
El fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, confirmaba a este medio que se vislumbra un cambio de criterio, como ocurriera en su día con la inclusión de las órdenes de demolición en las condenas por delitos contra la ordenación. Bien es cierto que el Supremo y la Audiencia Provincial aún no se han pronunciado porque no les han llegado recursos en contra de esta interpretación impulsada por el Ministerio Público. Es más, estas primeras condenas se han alcanzado por conformidad y sin llegar a juicio.
La Fiscalía ha decidido solicitar penas de prisión en todos los procedimientos por falsificación de estos certificados para conseguir que los profesionales que puedan ser tentados se lo piensen mejor antes de plasmar su firma.