La patronal de la construcción afirma que «el empresario no puede ser el policía del trabajador»

La alta siniestralidad laboral que ha padecido la provincia de Cádiz en los dos últimos meses ha puesto en el disparadero mediático la lacra social que es la siniestralidad laboral. Sindicatos y empresarios cruzan acusaciones al respecto. Mientras tanto, los datos provinciales del mes de septiembre son abrumadores. Según una estadística elaborada por CC OO, nueve trabajadores gaditanos perdieron la vida en su puesto de trabajo durante el noveno mes del año, mientras que la cifra correspondiente a toda Andalucía fue de 15 fallecidos. Esto supone que en Cádiz tuvo lugar el 60% de los accidentes de trabajo mortales que se produjeron en las ocho provincias, casi dos de cada tres.

El presidente de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la construcción de Cádiz (Faec), Emilio Corbacho, manifestó ayer su desacuerdo con el hecho de que se le pida al empresario «que se convierta en el policía que vigila que sus trabajadores utilicen los medios de prevención que se ponen a su alcance». El constructor advirtió de que uno de los principales problemas con los que se enfrenta la sociedad a este respecto es que «no hay concienciación». Y añadió: «Se trata de una cuestión de formación; los empresarios tienen que ser los primeros en tomar conciencia, pero también los trabajadores deben hacerlo».

Corbacho manifestó que «la reducción de la siniestralidad es un objetivo común de todas las partes» y que «esta labor es de los empresarios, los trabajadores y la Administración». Sobre la petición de más inspectores de trabajo que esgrimen los sindicatos, dijo que se trata de un visión «reduccionista y simplista» y que el incremento de estos funcionarios no puede lograr, por sí sólo, la concienciación necesaria para prevenir los riesgos en el entorno laboral.

«Sin sonrojo»

A este respecto, el presidente provincial del PP, José Loaiza, calificó ayer como «escandaloso» que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, admita «sin sonrojo» que la plantilla de inspectores de trabajo es «insuficiente» y «remita al próximo programa electoral del PSOE para proponer el incremento de efectivos». El dirigente popular acusó al Gobierno central de «hacer electoralismo con un problema social de suma importancia», aunque también pidió un incremento de la plantilla de inspectores en la provincia. Loaiza reclamó a los empresarios el cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales y apuntó la necesidad de una coordinación institucional al respecto, así como un aumento de las labores de control sobre las empresas en esta materia. Asimismo, criticó que el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales «acumule siete años de retraso en su puesta en marcha» y recordó que su creación fue «un compromiso del Ejecutivo andaluz» en el marco del V Acuerdo de Concertación Social, por lo que, a su juicio, «la Junta ha mentido a los trabajadores, a los empresarios y a los sindicatos», apostilló.

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