Ecologistas apoyan las críticas del fiscal de Medio Ambiente a la legalización de viviendas porque es un "fraude"

Ecologistas en Acción manifestó hoy su apoyo a las declaraciones del fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Angel Núñez, en cuanto a la legalización de "miles de viviendas construidas fuera de planeamiento" en la provincia, ya que supone "un claro fraude de ley" y provocará un "efecto llamada que perpetuará el desorden territorial"

En un comunicado, el colectivo ecologista consideró que cuando se comete alguna ilegalidad "lo único que cabe es pagar la correspondiente sanción o penalización", aunque la provincia de Cádiz parece tener una "bula eximente" porque los infractores urbanísticos "no sólo no cumplen las penas o sanciones, sino que se les premia con procedimientos de legalización de bajo coste, con ayudas bancarias y cómodos plazos".

Según los datos de Ecologistas en Acción, en Chiclana se reconocen 13.000 construcciones ilegales, 8.000 en El Puerto, 5.000 en Sanlúcar, "en Conil otras tantas y una cifra muy aproximada en Barbate".

El colectivo ecologista calificó el hecho de "escandaloso, de dimensiones superiores a las cacareadas de Marbella" y con responsables políticos que "no hacen absolutamente nada" porque, según aseguró, la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio asegura "que las competencias son municipales, los alcaldes miran a otro lado porque son parte interesada y los jueces se resisten a condenar los delitos contra la ordenación del territorio".

En este sentido, acusó a "muchos ayuntamientos" de "facilitar la construcción ilegal" prestando servicios como "suministrarles agua, ayudarles a las contrataciones de luz y teléfono, les han arreglado los caminos..." Hechos que, según el colectivo, suponen una "dejación de competencias que podrá ser calificado de prevaricación o cohecho".

Por ello, solicitó al Ministerio Fiscal que "logre alguna sentencia ejemplificadora con los ayuntamientos" que consiga un "efecto contrallamada" para que la provincia de Cádiz deje de ser una "provincia sin ley" en materia de ordenación del territorio y urbanismo.