De la Vega critica que las estrategias «electoralistas» retrasan la Ley de Dependencia

El denominado cuarto pilar del estado de bienestar debería haber cumplido el primer plazo de aplicación con la valoración por parte de las Comunidades de los grandes dependientes. Sin embargo, los trámites van más lentos de lo que el Gobierno quisiera y hasta la fecha ha recibido unas 150.000 evaluaciones de las 175.000 que se estiman.

Esta demora, por lo tanto, afecta al siguiente paso: la distribución proporcional de los fondos estatales entre las 17 regiones. Un proceso que ya debería haberse activado pero que permanece a la espera «a falta de conocer si estas comunidades (Murcia y Madrid) están aplicando la Ley», según reconoció Jesús Caldera.

Convenios

En cualquier caso, el Ejecutivo ha derivado una primera partida de 144 millones de euros para las autonomías con las que firmó convenios de dependencia y de las que han recibido solicitudes para conceder la prestación, esto es, todas excepto las dos citadas.

«Poner palos a las ruedas de esta Ley no es sólo intentar desacreditar a este Gobierno, es también defraudar la legítima expectativa de personas y de familias y lesionar sus derechos», aseveró Fernández de la Vega en el Congreso de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia. La vicepresidenta primera animó a las Comunidades a «excluir cualquier actitud de confrontación» y pidió a los ciudadanos «paciencia» ante la complejidad de dicha normativa.

Desde las organizaciones sindicales, el secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, lamentó que la Ley «no esté desarrollada» en estos momentos y pidió al Gobierno que «no debe ser ajeno» a la buena revisión de la baremación de los dependientes. «Nos hubiera gustado que fuera una ley general y no una norma marco descentralizada y meramente coordinadora», sentenció.