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editorial

Brutal xenofobia

La agresión cometida en Barcelona por un joven de 21 años contra una menor ecuatoriana reúne los ingredientes para que la comprensible indignación social suscitada desemboque en reacciones más impulsivas que adecuadamente meditadas. La existencia de un vídeo en el que se aprecia con nitidez cómo Sergi Xavier Martín se dirige despectivamente a su desconcertada víctima y le propina una brutal patada en la cara confiere tal verosimilitud a los hechos que acota el margen para la defensa del acusado. Semejante evidencia contrasta con la concatenación de insuficiencias o de posibles errores que llevaron al juez a minusvalorar, primero, la gravedad de la agresión y a la Fiscalía a actuar apresuradamente, después, para rectificar la puesta en libertad del sospechoso. La atropellada y confusa actuación de la Justicia exige una evaluación crítica del procedimiento seguido. Pero sin que ello deba conducir a un forzamiento de las previsiones legales motivado por la alarma política y social generada.

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Resulta incuestionable que los impulsos racistas que parecen subyacer en el ataque y la virulencia del mismo obligaban a preservar, ante todo, la seguridad de la menor y su integridad física y psíquica. El aturdimiento mostrado por la joven, incapaz de explicarse lo ocurrido, ha conmovido a los 420.000 ecuatorianos residentes en España y ha provocado una ola de solidaridad e inquietud en su país de origen, lo que ha forzar a nuestras instituciones, más si cabe, a calibrar y prevenir las consecuencias de las tendencias racistas que laten en la sociedad aun siendo minoritarias. Más de la mitad de los jóvenes españoles desconfía de la creciente presencia de inmigrantes. Una animadversión que debe combatirse con la educación en valores compartidos y el respeto al diferente, y cuyas expresiones más violentas quizá requieran de una revisión sosegada del Código Penal que endurezca el castigo por xenofobia.