Crisis pospuesta
La decisión del PP de «suspender» las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la ruptura consiguiente de relaciones con el Gobierno en materia de Justicia constituye el último episodio del penoso enfrentamiento que vienen protagonizando los dos grandes partidos en un asunto clave para el funcionamiento engrasado del Estado de Derecho. La parálisis del máximo órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato venció hace ya once meses, coloca en una inoperante interinidad a sus miembros y conlleva, a su vez, el bloqueo en los nombramientos para los más altos tribunales del país. Pero proyecta, sobre todo, el pernicioso efecto que puede provocar la divergencia de socialistas y populares en un terreno tan delicado como el de la Administración de Justicia, que requiere del mayor compromiso interno y externo hacia su independencia para garantizar que sus resoluciones sean asumidas por el conjunto de la sociedad como plenamente legítimas.
Actualizado:El hecho de que la principal fuerza de la oposición haya justificado su postura por la reforma del Estatuto Fiscal, la recusación por el Ejecutivo de dos magistrados del Constitucional y la propuesta del ministro Bermejo para flexibilizar el acceso a la carrera judicial evidencia no tanto que tuviera motivos para la ruptura, sino que ha procurado cargarse de ellos para tratar de excusar su renuencia a buscar un acuerdo. Sin embargo, tampoco el Gobierno debería esgrimir la soledad del Partido Popular como argumento exculpatorio de su responsabilidad para procurar un pacto que en ningún caso puede verse favorecido por la altanera actitud de Bermejo. Ambos partidos debían haber admitido que el consenso era imposible ante la proximidad electoral. Pero lo peor del caso es que este desencuentro permite vaticinar que las dificultades persistirán tras los comicios, porque éstas derivan de las resistencias a blindar la elección del Consejo frente a los intentos de politizarlo.