Atraer cerebros
La Comisión Europea propuso ayer a los Estados miembros la aplicación de una directiva por la que se crearía una tarjeta azul a fin de propiciar la afluencia de inmigrantes cualificados a los países de la UE. La iniciativa trata de situar a Europa en igualdad de condiciones respecto a otros polos de atracción de personas altamente especializadas, y en especial respecto a Estados Unidos. Pero tanto la idoneidad general de la propuesta de directiva como el carácter razonable de los criterios y cautelas que establece no pueden obviar los inconvenientes que pudiera presentar, especialmente en el corto plazo, ni las dudas de fondo que suscita.
Actualizado: GuardarLa Unión Europea lleva años resistiéndose a elaborar una política migratoria común, y a duras penas concierta esfuerzos para el control de sus fronteras más sensibles, como la española. Por lo que legislar sobre un aspecto parcial de la inmigración sin acometer globalmente un fenómeno tan complejo no constituye una actuación suficientemente coherente. Curiosamente, la segunda propuesta alumbrada ayer por Bruselas -el reconocimiento de derechos socioeconómicos a los inmigrantes legales- comenzó a hacerse realidad en España a partir de 1985, antes de nuestra entrada en las Comunidades.
La búsqueda de mano de obra cualificada en ingenierías, ciencias aplicadas y tecnologías tiene sentido allí donde la oferta supere a la demanda, como ocurre en Estados Unidos. No está demostrado que la Europa de los 27, aunque vea peligrar las tasas de reemplazo poblacional, participe de las mismas necesidades de trabajadores extranjeros en cantidad y en cualificación. Resulta elocuente a este respecto que ayer el presidente Durao Barroso justificara la tarjeta azul por el previsible envejecimiento de las sociedades europeas, y no tanto porque exista una oferta de puestos cualificados sin cubrir. Es cierto que la aplicación de la directiva propuesta por parte de cada país miembro y según sus necesidades específicas paliaría los efectos que podría acarrear respecto a la expectativas de los nacionales cualificados, y respecto al incentivo profesional que requieren las nuevas generaciones para su formación. Pero el hecho de que la directiva permita al inmigrante cualificado trasladarse a cualquier otro país de la Unión después de dos años de estancia dentro de la UE podría constituir, de facto, la realización de un derecho de admisión para todos los países miembros.
La medida, a pesar de las cautelas éticas introducidas, puede redundar en consecuencias perversas sobre las sociedades originarias de estos inmigrantes, al perder cuadros y élites que les son imprescindibles para su incorporación al desarrollo. Por todo ello, la propuesta de la Comisión debería ser estudiada minuciosamente antes de su entrada en vigor, prevista para 2009. El hecho de que se trate de una iniciativa pensada para los desafíos a los que Europa se enfrentará a medio plazo lo permiten y lo exigen.
