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La Justicia de Argentina inculpa a De la Rúa por la muerte de cinco manifestantes

Casi siete años después del peor colapso económico, político y social de la historia argentina, la Justicia federal del país acusó ayer al entonces presidente Fernando De la Rúa (1999-2001) de cinco homicidios y más de 150 lesionados, saldo parcial de la violenta represión policial a las manifestaciones callejeras en su contra. También ordenó el embargó por 6,2 millones de dólares de sus cuentas y propiedades.

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Sus defensores aseguran que el ex mandatario no irá preso y apelarán la medida ante la Cámara Federal. La resolución fue adoptada por el juez Claudio Bonadío por considerar que De la Rúa «no usó las herramientas» que tenía a su alcance para evitar la violencia de aquel diciembre negro, en 2001, que culminó con una treintena de muertos, decenas de heridos y centenares de detenidos en todo el país. Las cinco muertes por las que el juez inculpa a De la Rua ocurrieron en la plaza de Mayo, el paseo público frente a la Casa Rosada, el 20 de diciembre, día en que se precipitó su renuncia. El Gobierno restringió la salida de depósitos de los bancos y ese hecho demolió la confianza de los ahorradores provocando un caos.