El TSJ vasco confirma la causa contra Ibarretxe y Patxi López por reunirse con líderes de Batasuna

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acordó hoy continuar la causa abierta contra Juan José Ibarretxe y los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares por un presunto delito de desobediencia por reunirse con los miembros de Batasuna Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Pernando Barrena, Juan José Petrikorena y Olatz Dañobeitia. El tribunal desestimó todos los recursos de apelación interpuestos por las defensas del lehendakari y los representantes de PSE y Batasuna contra la decisión de juez instructor, Roberto Sáiz de continuar con la causa penal mediante procedimiento abreviado.

Además, el alto tribunal vasco desestimó el recurso de apelación en relación «con la ausencia de acusación pública y particular» al entender que dicha cuestión, en ese momento, «no es competencia» de la Sala sino que «corresponde al Juez Instructor decidir sobre la misma y solo en un momento posterior, en su caso, a la Sala».

La decisión del TSJPV quemó el último cartucho de las defensas para combatir la imputación judicial. A partir de ahora, será el instructor del caso, Roberto Sáiz, quien decidirá si archiva o tramita el procesamiento de los imputados por el presunto delito de «colaboración necesaria» en un «delito de desobediencia» de los dirigentes de la ilegalizada Batasuna.

«Resolución anunciada»

La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, señaló que la judicatura «criminaliza el diálogo político» si el que lo protagoniza es Ibarretexe, ya que, sostuvo, cuando el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, «ha hablado con ETA y Batasuna» el Tribunal Supremo no lo ha considerado delito.

La portavoz del Ejecutivo autónomo señaló que se trata de una «resolución anunciada» que ha cumplido las expectativas de «quienes tienen como estrategia la politización de la Justicia». «Menos jurídico, el auto tiene cualquier otra consideración», añadió Azakarate, quien denunció que la Sala Civil y Penal del TSJPV «conculca el derecho del lehendakari a la tutela judicial efectiva» porque no entra a valorar la cuestión de fondo, es decir, «que los hechos no tienen ninguna relevancia penal».