El PP rompe las relaciones con el Gobierno en materia de Justicia y bloquea la renovación del CGPJ

El PP anunció ayer que deja «en suspenso» las negociaciones que mantenía con el resto de grupos parlamentarios para pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace once meses. El principal partido de la oposición justificó su iniciativa en las últimas actuaciones del Ejecutivo en materia de Justicia, entre las que incluyó una maniobrera reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, la recusación de dos magistrados del Tribunal Constitucional y la propuesta del ministro de Justicia de evitar la oposición a juez a aquellos estudiantes de Derecho más brillantes.

El Gobierno hizo como que no se dio por enterado del portazo, matizó las palabras de Mariano Fernández Bermejo y mostró su confianza, sin mucho entusiasmo, en llegar a un acuerdo. Todos los grupos parlamentarios están citados mañana para continuar las negociaciones que buscan la renovación del CGPJ; el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, no aclaró si su grupo asistirá o no, pero confirmó que no habrá pacto.

El Consejo General del Poder Judicial lleva en funciones desde noviembre de 2006 y seguirá así, al menos, seis meses más. El PP cree que no hay nada de qué hablar, al menos en esta legislatura. La gota que colmó el vaso de la paciencia popular fue la sugerencia del ministro de Justicia de eliminar el sistema de oposición para acceder a la carrera judicial y fiscal. Un comentario después matizado, pero que llevó a Zaplana a anunciar que «queda en suspenso cualquier acuerdo en materia de justicia con el Gobierno y el PSOE, empezando por el propio Consejo General del Poder Judicial».

El PP no se queda ahí y considera que el Ejecutivo «ha roto todos los consensos» en el terreno judicial de forma unilateral. Entre los pactos quebrados, el partido opositor subraya la anunciada recusación por parte del Gobierno de dos magistrados conservadores del Tribunal Constitucional, la reforma del Estatuto Fiscal y, en palabras de Zaplana, la última «ocurrencia y barbaridad» de Fernández Bermejo.

«Dominar y controlar»

El portavoz parlamentario del PP denunció que el verdadero objetivo socialista consiste en «dominar y controlar la administración de Justicia» para que actúe «a su medida». Zaplana aseguró que su grupo no será «cómplice» de esa operación y, por tanto, abandona las conversaciones.

El Gobierno hizo como que no se enteró del anuncio de Zaplana. Dos horas después de hacerse público, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se limitó a lamentar que el PP «no coopera» en la renovación del consejo, una actitud con la que ese organismo se sigue «deslegitimando» puesto que su mandato caducó hace un año.

En un intento de limar diferencias, señaló que las palabras de Fernández Bermejo sobre la supresión de las oposiciones a juez y fiscal no se contemplan. «No pretendemos suprimir la oposición», dijo, pero a continuación matizó que «el acceso a la carrera judicial no puede estar basado en un sistema memorístico», que es en el que se fundamenta la fórmula vigente.

El ministro de Justicia, a su vez, admitió que quizá no se expresó «bien», aunque «no hay peor sordo que el que no quiere oír», en alusión al PP. Fernández Bermejo apuntó que el sistema de oposiciones es «excelente», pero también es indudable que hay una merma progresiva de opositores. Por tanto, añadió, hay que «buscar alternativas complementarias» para evitar que muchos licenciados en Derecho se conviertan en «aprendices mileuristas» en bufetes de abogados.

En lo que al CGPJ se refiere, el titular de Justicia también dio por no escuchado el plantón popular y se mostró partidario de «negociar y llegar a la renovación» de los vocales. Prefirió no sacar conclusiones de la ruptura y sólo manifestó que si el PP quiere «romper, él sabrá» lo que hace.

Mayoría de conservadores

La participación del partido opositor es imprescindible para la renovación del CGPJ, ya que la elección de los vocales requiere el voto favorable de tres quintos de los diputados y senadores, una mayoría inalcanzable sin el concurso del PP.

Su renuencia a renovar el órgano de gobierno de los jueces, en el que hay mayoría de vocales conservadores, quedó patente en su negativa, con diferentes argumentos, a negociar los relevos. Sólo el 19 de septiembre, y por presión de las asociaciones profesionales, el PP se avino a sentarse a la mesa. Estuvo presente en tres reuniones celebradas desde entonces en el Congreso, que se saldaron sin acuerdos.

Sobre la mesa había una propuesta socialista para que ni el PSOE, con el respaldo de Jueces para la Democracia, ni el PP, con el apoyo de la Asociación Profesional de la Magistratura, puedan constituir minorías de bloqueo. El consejo tiene 20 miembros, más un presidente que se elige con posterioridad, y este método abría las puertas a la incorporación de vocales propuestos por otras asociaciones, como la Francisco de Vitoria, y de los grupos parlamentarios minoritarios.