Armando casitas
La Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía acaba de hacer público el Informe de Incidencia Territorial del Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María, largo y clarificador título de un documento con el que intenta explicar porqué el proyecto de PGOU para El Puerto presentado por la antigua coalición de Gobierno IP-PSOE no responde en absoluto a su función de ordenación del territorio según criterios que primen el bien común y sí a la defensa de los intereses especuladores que parecen regir las políticas urbanísticas en este olvidado sur del sur que padecemos desde hace ya lustros.
Actualizado: GuardarDice entre otras muchas cosas la Junta (nada amiga por lo visto hasta ahora de aplicar una cierta dureza en materia de infracciones urbanísticas) que el crecimiento propuesto en el PGOU no está justificado, ya que los anteriores gestores de la cosa pública en El Puerto (entre los que estaba el actual alcalde, hoy popular, Enrique Moresco) pretendían que se edificasen viviendas nada menos que para 70.000 nuevos habitantes (un aumento de cerca del 85% frente al 30% que establece la legislación). El texto explica además que se pretendía recalificar nada menos que doce millones de metros cuadrados, que superarían los 19 si contamos los llamados Suelos Urbanos No Consolidados (terrenos donde se asientan edificaciones ilegales) y los suelos industriales.
Todo esto y mucho más cuenta el informe. Mientras las líneas de esta columna toman forma, la edil de Urbanismo de El Puerto, Patricia Ybarra (PP) reconoce que habrá que rehacer de nuevo el PGOU. Porque lo que había hasta ahora era más bien una carta blanca a la especulación (que suele venir acompañada de grandes dosis de corrupción). Algo así como un «construya y fórrese que ya me encargo yo de legalizarlo (a cambio de vaya usted a saber qué)». Esperemos que esta vez vaya en serio y dentro de diez años no tengamos que estar hablando de lo mismo.
