La batalla del Constitucional

«HAY un mal ambiente impropio. Las cuchilladas están a la orden del día». El Tribunal Constitucional ha dejado de ser desde hace meses una institución de «sosiego y reflexión» centrada en servir de «órgano garante» del sistema democrático español y de la Carta Magna. Así lo atestiguan varios magistrados de larga trayectoria que ejercen en Madrid, preocupados por la «dramática deriva» que perciben en su rumbo. Reconocen de forma abierta que el Constitucional atraviesa después de dos décadas «su mayor crisis», de la que algunos juristas dudan que pueda recuperarse.

Los sectores progresista y conservador, que se reparten a partes iguales el número de componentes, viven enfrascados en una dura batalla por controlar el Tribunal. Una pelea condicionada por los importantes recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP contra señeras leyes del Gobierno socialista, cuyas sentencias deberían comenzar a conocerse en los próximos meses. En el listado de temas por resolver figuran, entre otros, normativas 'estrella' de esta legislatura como la paridad electoral, los matrimonios entre homosexuales y, por encima del resto, el nuevo Estatut, en vigor desde mediados del año pasado.

«Unos y otros quieren utilizar el Constitucional en su interés político», coincide la mayoría de los juristas. La cercanía de las generales, la escasa diferencia en intención de voto entre los dos grandes partidos y el «temor» a que cualquier dictamen «comprometido» dé o quite la razón y se convierta en un argumento pre electoral ha elevado la tensión sobre los doce magistrados hasta el punto de que conservadores y progresistas han sucumbido, según sus compañeros, a las presiones de PP y Gobierno.

Así explican unos y otros los episodios que, cual folletín televisivo, vienen repitiéndose desde hace meses hasta alcanzar uno de sus puntos álgidos esta semana. En una actuación sin precedentes, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha recusado a los magistrados conservadores Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata para que los progresistas recuperen la mayoría y saquen adelante una reforma de la ley que regula el propio Constitucional y permitan a la presidenta, María Emilia Casas, mantenerse en su puesto hasta pasadas las elecciones.

El mandato de Casas expiró en junio pasado y debería abandonar la institución el próximo diciembre al cumplir los nueve años que establece la normativa. Para evitarlo, el Ejecutivo forzó antes del verano en el Congreso la reforma de la ley para perpetuar a la presidenta unos meses y asegurarse su voto de calidad en caso de empate.

De fondo y guiando todos y cada uno de los movimientos conspirativos está el debate sobre la legalidad del Estatut. De hecho, quienes conocen bien el Constitucional reconocen que el ambiente se enrareció «en la casa» cuando el sector conservador dio la razón al PP y sacó del debate sobre la norma catalana al progresista Pablo Pérez Tremps. Este magistrado, que en plena polémica sufrió un infarto por el que estuvo ingresado, había elaborado varios años antes un trabajo para la Generalitat en el que se apoyó el Govern para redactar varios artículos del nuevo Estatut.

«No son los mejores»

Aquello no sentó bien entre los magistrados más cercanos al PSOE, e incluso la propia María Emilia Casas redactó un voto particular -algo inédito en ella- muy crítico con sus compañeros conservadores. Alegaba que la recusación sentaba un «peligroso» antecedente porque todos los miembros del Tribunal tienen tan larga trayectoria que es difícil que en su vida profesional no hayan abordado con anterioridad alguno de los temas que se les van a plantear en el Constitucional. «Se presupone que son capaces de abstraerse de esas cuestiones. Para eso los pones allí, porque son los mejores en su apartado», explica un jurista vizcaíno.

Con Pérez Tremps fuera del tablero, los conservadores cobraban ventaja para tumbar una normativa autonómica como la catalana. Por eso muchos apuntan cómo la actual pelea se centra en conseguir mantener o echar a María Emilia Casas de lo alto de la institución. Como presidenta, tiene la facultad de fijar la agenda de temas a abordar por el pleno. En su mano estaría, según los sectores menos favorables al Gabinete Zapatero, demorar la cuestión hasta después de las generales de marzo de 2008.

De ahí que el Gobierno socialista busque ahora recusar a dos magistrados conservadores y mantener una diferencia de cinco votos a tres a favor de los progresistas en los debates sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Un movimiento forzado después de que la presidenta y el presidente de esta institución, ambos afectados por los cambios de regulación, decidieran abstenerse del debate. Su gesto fue luego refrendado con polémica por el resto de sus compañeros de pleno. Tras un empate a cinco, la igualdad la resolvió el voto de calidad de quien ejercía en esta ocasión como presidente accidental del Tribunal: el conservador Vicente Conde.

A la hora de analizar por qué la más alta instancia judicial del país ha llegado a este «deterioro», las teorías son muy diversas. Desde un lado de la 'trinchera' acusan al partido de Mariano Rajoy de buscar a través de la Justicia un triunfo sobre Zapatero y tumbar las propuestas socialistas que el PP «no quiso» negociar en el Congreso.

Desde el otro lado, en cambio, claman contra el Ejecutivo socialista por ejercer una «presión desmedida» sobre sus magistrados más afines, al temer por un traspié de «su Estatut» y por las repercusiones que eso podría tener «en el apoyo de los nacionalistas». Así se explicaría la tremenda discusión que mantuvieron la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y María Emilia Casas durante el desfile militar del Día de la Hispanidad. Las imágenes, colgadas en Internet, han sido la comidilla entre la Judicatura.

Muchos atribuyen el que este Tribunal hayan sucumbido a las presiones a la «menor calidad» de los magistrados que lo componen, respecto de sus primeros integrantes. «Los grupos políticos eligen cada vez menos al mejor. Prefieren aquellos que puedan ser algo más maleables. Además para que tu candidato salga, PP y PSOE tienen que tragarse algún 'sapo' del rival», sostienen.

Son los propios jueces los que, en opinión de sus compañeros, deben ser «garantes de su independencia» y no escribir «a renglón seguido de lo que creen que quieren oir quienes les han puesto en ese lugar». «Hay que tener lealtad a la institución, al Constitucional, y no a un partido», coinciden varios magistrados.

No hay quien escatima una curiosa teoría que señala al hecho de que una mujer presida por vez primera este Tribunal. «Estas guarradas no se las hubieran hecho a un hombre», sostiene una parte de la Magistratura, que cree que algunos de los jueces conservadores no soportan a Casas.

Para sustentar esta visión, recuerdan cómo María Emilia Casas resultó elegida en el año 2004 por sorpresa. El favorito era el conservador Vicente Conde, que unos meses antes había rechazado impugnar el Plan Ibarretxe, como pretendía Aznar. Aquella decisión, según varios analistas, le jugó una mala pasada cuando quiso aspirar a presidir el Constitucional. Dentro de su propio sector, Jorge Rodríguez Zapata presentó su candidatura al puesto y dividió el voto conservador. «Las puñaladas -comenta con sorna un jurista- llegan desde cualquier lado».