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La vicepresidenta De la Vega, tras el Consejo de Ministros./ EFE
CRISIS EN EL CONSTITUCIONAL

Zapatero: «Quien ejerce su derecho, ejerce su derecho»

El Gobierno defiende la legitimidad de una decisión sin precedentes en la Democracia española

AGENCIAS |
MADRIDActualizado:

La decisión del Gobierno de promover por primera vez en Democracia la recusación de dos magistrados del Consitucional ha suscitado declaraciones de todo signo entre las que destacan las realizadas por el presidente del Gobierno y por la vicepresidenta De la Vega:

"El Gobierno ejerce su derecho"

José Luis Rodríguez Zapatero se ha limitado a defender la legitimidad institucional de la medida y se ha remitido a la información que de forma paralela aportaba la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega: "Quien ejerce su derecho, ejerce su derecho", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo

De la Vega ha ido más allá y ha asegurado que el objetivo es "garantizar y preservar la imparcialidad de los jueces". La vicepresidenta ha añadido que el Gobierno toma todas sus decisiones "de forma motivada y responsable" y que la recusación está respaldada tanto por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como por la del propio Tribunal Constitucional.

El PP denuncia la "injerencia" del Gobierno

La portavoz del PP en el Parlament, Carina Mejías, ha señalado que la recusación de los dos magistrados es una "injerencia en el poder judicial" por parte del Ejecutivo para retrasar la decisión sobre el Estatut. Mejías ha definido esta situación como "una nueva maniobra dilatoria del Gobierno que vulnera la independencia" del tribunal.

La petición del Ejecutivo supone, según Mejías, el "contraataque" para no perder la mayoría progresista y evitar que salga la sentencia sobre el Estatut antes de las elecciones, ya que "repercutiría de manera muy importante" en el debate de cara electoral. Mejías ha vuelto a reclamar que el TC adopte una "resolución judicial rápida" y que lo pueda hacer "de manera independiente" para garantizar la seguridad jurídica de los catalanes.