El 'jueves negro' de Sarkozy

Nicolas Sarkozy vivió ayer un agitado día de la ruptura. Ruptura política, con el inmovilismo reformista de sus predecesores en la presidencia de Francia. Ruptura social, con el país paralizado por una huelga sindical contra el intento de acabar con el privilegiado régimen de jubilación imperante desde mediados del siglo XX en los sectores públicos del transporte y la energía. Ruptura, en fin, sentimental mediante el anuncio de divorcio con su segunda esposa, oportunamente divulgado en la jornada que marca un hito de su determinación para sacar adelante el ambicioso programa modernizador prometido en la campaña electoral de la pasada primavera. «Cecilia con nosotros», corearon a modo de síntesis del 'Día D' del 'sarkozysmo' los ferroviarios al frente de la masiva manifestación de París.

La masiva movilización, que dejó casi sin trenes al país y paralizó el transporte colectivo en París y otras 28 ciudades, mantuvo a Gobierno y sindicatos en sus posiciones de partida iniciales. Los representantes de los trabajadores, dispuestos a prorrogar el primer pulso de entidad al primer ministro, François Fillon, si no abre negociaciones reales. El Ejecutivo, enrocado en la idea de no ceder sobre la cuestión de fondo de una reforma que marca la voluntad rupturista y a la que todos los intentos de gobiernos anteriores han renunciado ante la presión.

Apoyo popular

Sarkozy parte con la ventaja del apoyo popular a su ambición de equiparar en el horizonte de 2012 el periodo de cotización de todos los trabajadores del sector privado y de los funcionarios para tener derecho a cobrar una pensión completa. Para ello pretende que el medio millón de activos sometidos a regímenes especiales pasen a cotizar de los actuales 37,5 años a 40 como el resto de la población activa. El proyecto afecta a sectores capaces de paralizar la vida económica y herederos de derechos adquiridos por las antaño penosas condiciones laborales. Como los maquinistas de tren, que soportaban el hollín y el calor de las locomotoras a vapor y ahora conducen trenes de alta velocidad informatizados.

Consciente de que en la batalla se juega su credibilidad, el portavoz del Gobierno, Laurent Wauquiez, dejó claro que «el aumento del periodo de cotización es algo en lo que no podemos ceder». En el espejo retrovisor gubernamental está presente el contraejemplo de la derrota del conservador Alain Juppé, quien rindió armas tras soportar el bloqueo del país durante tres semanas en 1995 en un periodo similar: el primer otoño tras unas elecciones presidenciales.

El ministro de Trabajo, Xavier Bertrand, recordó que cuestiones periféricas como la penosidad laboral o el ritmo de aplicación son negociables a partir de propuestas concretas. Tras anunciar que recibirá a los sindicatos la próxima semana, proclamó que «mantengo esta lógica: cuando digo que mi puerta está abierta, no es una fórmula». En cualquier caso, Bertrand alertó de que, sin la reforma, «nadie puede garantizar» que los acogidos a esos regímenes podrán cobrar sus pensiones «en cinco, diez, o quince años».

Las centrales no descartaron pasar a «otra etapa» en el conflicto si se topan con la intransigencia. De hecho, numerosas asambleas generales decidieron continuar la huelga en los transportes, sobre todo en la SNCF, aunque la dirección de la compañía ferroviaria preveía una reanudación progresiva del tráfico.

La empresa gestora del transporte metropolitano de París (RATP) indicó que sólo un tercio de los metros funcionarán hoy por la mañana, y que los autobuses y los tranvías se irán poniendo en marcha pero muy progresivamente. El alcalde socialista de la capital, Bertrand Delanoë, pudo presumir del éxito de su recién estrenado sistema de alquiler de bicicletas.

Los sindicatos opinaron que Sarkozy había elegido la fecha de la gran batalla social para anunciar su divorcio para ocultar la «fuerte movilización», que según sus cálculos sacó a más de 300.000 manifestantes a las calles.