Riesgos de ley
La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó ayer el dictamen sobre la denominada Ley de Memoria Histórica con el apoyo de PSOE, IU-ICV, CiU, PNV y CC. Aunque el rechazo global por parte del Partido Popular no impidió que dicho grupo parlamentario votara a favor de algunos de sus artículos, parece evidente que el resultado final no ofrece el consenso político ni propicia la adhesión social necesarias para que la citada ley pueda salir de las Cortes como una norma que de verdad repare moralmente las injusticias cometidas durante la Guerra Civil y la posterior Dictadura. Es cierto que tras la promulgación de la Constitución y las medidas de reconocimiento y rehabilitación adoptadas parlamentariamente en los años posteriores podían aún quedar pendientes demandas y necesidades que precisasen de alguna decisión añadida, administrativa o legislativa. Pero lo que resultaba innecesario y -al tratarse de una materia tan delicada- se volvía inconveniente era promulgar una ley general que, justamente por serlo, adquiere de modo automático un excesivo sesgo. Resulta aleccionador que la Comisión Constitucional haya incluido en la exposición de motivos de la nueva norma la consideración de que «no es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva». Pero si su cometido es «reparar a las víctimas, consagrar y proteger el derecho a la memoria personal y familiar, fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado», parece claro que lo primero podía haber dado lugar a actuaciones más puntuales y lo segundo no debería, en ningún caso, ser objeto de la misma iniciativa legislativa.
Actualizado: GuardarAl explicar su apoyo, subrayando que esta ley constituye «un punto de partida», el portavoz de IU-ICV anunció que con su aprobación «se va a empezar a construir políticas de memoria». Con ello desveló el aspecto más preocupante del articulado: la eventualidad de que a partir de él, aunque sea desde posiciones minoritarias como la que representa Izquierda Unida, pudieran suscitarse iniciativas que lleven a retorcer el contenido de la norma en un sentido netamente revanchista. En la medida en que la propia Ley de Memoria Histórica se adentra en consideraciones que inducen o invitan a la revisión de la Transición, la vía abierta bien podría ser aprovechada por quienes inmediatamente o en el futuro consideren, como lo ha hecho ERC, que la norma que las Cortes aprobarán en breve cierra también en falso el juicio sobre la Guerra Civil y el franquismo. Pero, con todo, hay un aspecto aún más inquietante: el riesgo de que la solicitud de las declaraciones de ilegitimidad de los juicios, de reparación y de reconocimiento contempladas en la ley, a fin de que puedan utilizarse para emprender acciones ante los tribunales, terminen por agravar la dolorosa frustración de los recurrentes si sus demandas son legalmente desatendidas.
