Memoria histórica
La legislatura de Rodríguez Zapatero se ha caracterizado por dar prioridad a una serie de leyes y actuaciones encaminadas a satisfacer las exigencias de sus socios parlamentarios y de otros grupos nacionalistas como pago de un apoyo imprescindible para mantenerse en el gobierno. Para ello el PSOE ha tenido que renunciar a principios y hacer actuaciones no contempladas en su programa electoral que, de no mediar esa imperiosa necesidad de apoyos, nunca hubieran cedido. Ese es el caso de la ley de la Memoria Histórica, una exigencia de ERC e IU que el gobierno ha ido aparcando, dándole pares y nones en un vano intento de llegar al final de la legislatura sin consenso y sin tiempo para aprobarla. Es cierto que IU y ERC han tenido alguna paciencia mientras recibían ciertas dádivas políticas, como la devolución del Archivo de Salamanca o la promesa de aprobación del Estatuto de Cataluña «tal como saliera del Parlament». También CIU y PNV han planteado exigencias a esta ley.
Actualizado: GuardarEl gobierno no ha podido frenarla más y ha tenido que actuar desdiciéndose de lo manifestado ya en 1.999 durante el debate sobre unas medidas a favor de los militares de la República donde el grupo socialista, entonces en la oposición y por boca del diputado Rodríguez Zapatero, consideró dicha iniciativa «el último paso y punto final en el proceso de restitución moral de las victimas de un bando de la guerra civil» y que posteriormente, en noviembre de 2.002, con gobierno Aznar, el Congreso aprueba por unanimidad en la Comisión Constitucional una declaración que daba por concluidas las iniciativas que tenían que ver con esta parte lamentable de nuestra historia, así como a cualquier uso político de la misma. Este cambio de actitud del ahora presidente ha sido considerado por el PP como una deslealtad e irresponsabilidad sin precedentes al Pacto Constitucional y al Pacto de la Concordia.
Condicionado y forzado por sus socios el gobierno presenta en el Congreso el Proyecto de Ley de Memoria Histórica que superó su primer trámite parlamentario sin gustar a nadie en diciembre del año pasado a pesar del rechazo frontal del PP que pidió su retirada y de dos enmiendas a la totalidad con texto alternativo presentadas por los principales socios parlamentarios del Gobierno, ERC e IU-ICV, que consideraron la propuesta gubernamental como una humillación para las víctimas del franquismo. María Teresa Fernández de la Vega afirmó en el debate -con la solemnidad ficticia que le caracteriza- que la ley lejos de ir contra nadie, pretende hacer justicia y que era heredera del principio de concordia de la transición. Tampoco sirvió de nada que en su intervención enumerara las actuaciones de los distintos gobiernos en favor de las victimas y sus familias, desde el decreto de Amnistía, pasando por el reconocimiento de indemnizaciones y pensiones para acabar con la desigualdad «a pesar del esfuerzo económico que representó para una España sumida en la crisis del petróleo». Y prueba de que fue así es que esta ley no incorpora dotación económica por haberse resarcido a todas las víctimas. Al final no convenció a nadie manteniendo un texto que no admitieron los populares ni sus socios parlamentarios.
El portavoz popular pidió la devolución del proyecto de ley en nombre de un partido que no tiene más pasado ni más herencia que la transición y la democracia y acusó al gobierno de querer revisar y rescribir nuestra historia en vez de asumirla en su integridad como se hizo en la transición. Afirmó también que la mal llamada memoria histórica no es más que el intento partidista de utilizar la historia como arma política y negó que a las fuerzas políticas actuales se las pretenda identificar nada menos que con los criterios establecidos para los bandos de la guerra civil. Y consideró que la mejor memoria que tenemos los españoles es precisamente la transición, que cerró y cicatrizó las heridas de la guerra civil y del franquismo y que la mejor historia ha sido y sigue siendo la Constitución que encarnó el abrazo de todos y para todos. En el Partido Popular ante el dilema de anclar la democracia en la guerra y la II República o anclarla en la transición, apostamos por la transición y la Constitución que permitieron no sólo el tránsito pacífico a la democracia, sino la reconciliación nacional y la mayor etapa de estabilidad política, económica y social de la historia de España y consideramos que para seguir apostando por la concordia, no se puede hacer recuperando memorias parciales y revanchistas, ni rompiendo acuerdos, ni apoyando procesos revisionistas.
El rechazo socialista a sus socios ha durado muy poco y ahora, hace unos días, se han visto obligados a negociar de nuevo el texto de la ley por las exigencias de nacionalistas y de IU de que no darían su apoyo si no se hace una revisión jurídica de las condenas dictadas tras la guerra civil, cosa que no aceptaron antes como justificó Fernández de la Vega. ¿Se verán «forzados» ahora por sus socios a aprobar una ley con texto impuesto y contrario a sus planteamientos?
