PP y PSOE pactan que el Valle de los Caídos honre a todas las víctimas de la Guerra Civil

Nunca más habrá, si la Ley de Memoria Histórica ve la luz, concentraciones ultras ni actos de exaltación del franquismo en el Valle de los Caídos, como los que cada 20 de noviembre protagonizan algunos nostálgicos del régimen anterior ante las tumbas de sus principales valedores, el dictador Francisco Franco y el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. PSOE, PP y CiU acordaron ayer «despolitizar» el principal memorial de la dictadura, que en lo sucesivo deberá dedicarse a «honrar y rehabilitar la memoria» de todos los fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil y la posterior represión.

Los socialistas lograron, con el apoyo crítico de los parlamentarios de IU-ICV, CiU, PNV y el Grupo Mixto, que la Comisión Constitucional aprobase el texto de la futura ley de Memoria Histórica, que será remitida al Pleno de la Cámara Baja para su debate a finales de este mes. La futura ley fue rechazada en su totalidad, aunque por motivos muy distintos, por ERC y PP. Esquerra cree que el proyecto es «un gran fraude» porque no cubre las expectativas de reparación de muchas víctimas al no declarar la nulidad absoluta de los juicios de la represión. Por su parte, los populares consideran la ley «una gravísima irresponsabilidad» y acusan a sus impulsores de «reabrir viejas heridas» y «dinamitar consensos» de la Transición.

A pesar de ese rechazo frontal al conjunto del proyecto, en la votación separada de su articulado el principal partido opositor votó a favor de ocho de sus artículos y de una disposición adicional, que amplían los derechos e indemnizaciones a percibir por las víctimas y regulan uno de los aspectos más problemáticos de la ley, el uso futuro del Valle de los Caídos, que en adelante «se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos».

Exaltación

La ley establece, además, que «en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo». Además, obliga a la fundación gestora del monumento a incluir entre sus objetivos el de «honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió, con objeto de profundizar el conocimiento de ese período histórico y de los valores constitucionales».

Otra novedad añadida al texto, en este caso por iniciativa de IU-ICV, es la ampliación de la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a los nietos de los exiliados y huidos de España tras la contienda que la perdieron o tuvieron que renunciar a ella.

También hay cambios en la exposición de motivos, que en adelante, por impulso de CiU, reconocerá como víctimas de la dictadura a quienes por motivos de venganza política padecieron la confiscación de sus bienes y vieron así frustrados sus proyectos vitales.

Ese apartado, que carece de valor jurídico pero recoge la intención del legislador, también honra a quienes fueron perseguidos en la zona republicana por sus creencias religiosas, que aparecen homenajeados junto a los que sufrieron prisión, deportación, trabajos forzados o internamiento en campos de concentración por motivos políticos o ideológicos, extremo que algunos quisieron interpretar como una «equiparación» entre los dos bandos contendientes.

El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, aseguró que su grupo no tiene «inconveniente en explicar y condenar la represión en la retaguardia republicana». No obstante, subrayó que «lo que no vamos a hacer nunca es equiparar la represión descontrolada» en esas zonas con «la represión sistemática de una pretendida legalidad que tuvo como objetivo el exterminio de la oposición».

«Muertos de segunda»

El portavoz del PP, Jorge Fernández Díaz, tachó la ley de «sectaria» y denunció que con ella «una de las dos Españas vuelve a helarnos el corazón». Consideran los populares que el texto «sólo honra a los de una parte», por lo que en adelante existirán «muertos de primera y de segunda clase». Fernández Díaz también lamentó que en la tramitación del texto su partido haya sido «marginado» para presentar a unos partidos como «buenos» y a otros como «franquistas, fachas y antidemocráticos». El proyecto, que incluye una condena explícita del franquismo, tampoco satisface las demandas del PCE, que ha acusado a la dirección de IU de aceptar una ley de memoria rebajada. También las asociaciones de víctimas de la represión acusan al PSOE e IU de frustrar las aspiraciones de muchos condenados por el régimen, que aspiraban a ver anuladas las sentencias de los consejos de guerras y demás órganos judiciales franquistas.

Los Pactos de la Moncloa cumplen 30 años

Algunos de los protagonistas que hicieron posibles los Pactos de la Moncloa -acuerdo que suscribieron las fuerzas políticas parlamentarias para resolver la situación económica de España durante la Transición- destacaron ayer, 30 años después de su aprobación, el alto grado de responsabilidad de los representantes políticos, que permitió lograr el consenso necesario para dar este «paso decisivo» hacia la democracia.

En una mesa redonda organizada por la Fundación Ernest Lluch con motivo del trigésimo aniversario de la firma de los Pactos de la Moncloa (25 de octubre de 1977), el ex presidente del PCE Santiago Carrillo, el entonces líder de AP, Manuel Fraga, y el socialista José María Benegas opinaron sobre aquel momento histórico. Para Carrillo, las circunstancias que propiciaron estos acuerdos económicos, políticos y sociales no se producen «más que una vez» en la historia de un país. «Quienes piensen que hoy podría haber unos Pactos de la Moncloa están fuera de la realidad», advirtió. Por su parte, Fraga afirmó que todos hubieran preferido acercar más la redacción final del texto a sus convicciones, pero «no hay nada perfecto».