Salvador Salvago. / C. L.
EL PUERTO

Los vecinos de Vistahermosa están «satisfechos» por la sentencia contra la ampliación del campo de golf

«Aún nos queda mucho por hacer y seguiremos luchando por defender nuestros intereses». Con estas ganas de trabajar, el nuevo presidente de la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa, Salvador Salvago, toma las riendas de su urbanización después de que fuera elegido mediante votación la semana pasada. «Muy satisfecho» por haber ganado el pleito que la comunidad abrió contra la ampliación del campo de golf se mostró ayer a este medio Salvago, aunque del mismo modo, admitió que «aún no está todo resuelto».

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Hay que recordar que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cádiz emitió el pasado 27 de septiembre una sentencia por la que se declaraba nulo el acuerdo que permitía el proyecto de urbanización del PAU-CO-1 Golf Vistahermosa II que preveía la ampliación de nueve hoyos y la construcción de 325 unifamiliares de lujo. Eso sí, estaba abierta la puerta para que alguno de los afectados recurriese la sentencia. De hecho, la constructora Noriega ya ha anunciado que recurrirá el fallo.

El motivo fundamental por el que el proyecto urbanístico no ha contado con el visto bueno del Juzgado ha sido «la falta de dotaciones necesarias». Así, la sentencia hace hincapié en la negativa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para acometer obras complementarias que presten servicios en el nuevo campo de golf.

En cualquier caso, Salvago recuerda que hay otras causas pendientes. La comunidad de propietarios de Vistahermosa también denunció el proyecto urbanístico al considerar que «se comía terrenos comunes de la urbanización». Cuestión por la que el nuevo presidente asegura que «Vistahermosa se ve fuertemente perjudicada».

De este modo, Salvago, una vez que se ha puesto al frente de la comunidad, luchará para defender «la independencia» de la urbanización». Además, hay que recordar que la ampliación tiene interpuestas otras denuncias por parte de Ecologistas en Acción, que alegó, además de la falta del permiso de agua de la Confederación, que el proyecto suponía la destrucción de un importante hábitat de camaleones.

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