Opinion

Alianzas presupuestarias

La presentación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales acabó ofreció ayer una perspectiva elocuente de la legislatura que ahora enfila su recta final. Partiendo de la investidura del Presidente, y siguiendo por las votaciones a las Cuentas Públicas de 2005, 2006 y 2007, el actual proyecto presupuestario culmina un incesante baile de siglas en apoyo o rechazo de las intenciones del Ejecutivo. Parece evidente que Rodríguez Zapatero ni ha podido ni ha querido dotarse de una alianza concreta y firme que contribuyera a garantizar la continuidad sin sobresaltos a su Gobierno. Las fuerzas minoritarias de las Cortes, que con excepción de los diputados de IU representan además intereses circunscritos a un determinado ámbito territorial, siempre han buscado en el debate y votación de las Cuentas bien un gesto reivindicativo, bien una imagen de utilidad negociadora. Convirtiendo la necesidad en virtud, los socialistas han eludido comprometerse con unas determinadas siglas para los cuatro años de legislatura. De manera que han ido sorteando tanto la aprobación anual de las finanzas públicas, como la tramitación de sus iniciativas legislativas. La libertad de movimientos con la que Rodríguez Zapatero quiso apuntalar desde un principio su exigua mayoría estaba destinada a incrementar la ventaja electoral con la que partía, manteniendo en todo momento la iniciativa institucional y política, y dejando en evidencia las dificultades del PP para entenderse con los demás. Pero aunque dicho cálculo pretendía conducir a los socialistas a la mayoría absoluta en 2008, tal hipótesis resulta más que improbable a la luz de las encuestas, que ponen en tela de juicio la propia ventaja socialista.

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La tantas veces señalada «soledad del PP» no ha logrado convertirse en un argumento definitivo a favor de los socialistas, quizá porque la versatilidad de éstos a la hora de contar con el apoyo de unos u otros grupos parlamentarios tampoco ha cuajado en una alianza estable y duradera. Mientras que la proclividad del presidente a mostrarse siempre abierto al entendimiento con el demandante -fuesen los requerimientos razonables o no, y fuesen o no atendidos por el Gobierno- ha generado la censurable impresión de que las inversiones públicas obedecen más al oportunismo político que a necesidades sociales y económicas. Además, la versatilidad del Ejecutivo a la hora de recabar apoyos tampoco ha estado exenta de contradicciones. La más palpable se produce justo en estos momentos, cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero no puede contar, en unos Presupuestos decisivos para cumplir su programa social, con el respaldo de las formaciones con las que su partido gobierna en Cataluña -ERC e ICV- ni con el que pactó el Estatut -CiU-; mientras sí espera los votos de una formación -PNV- cuyo máximo representante institucional se empeña en desbordar los cauces constitucionales y estatutarios.